Cuando en política no se tiene nada que ofrecer, lo más fácil es coger la bandera y ponerse a defender la patria. Estamos tan acostumbrados a ese ejercicio de cinismo que no se entiende que haya partidos políticos que todavía se atrevan a utilizarlo. O, lo que es peor, que haya ciudadanos que todavía muerdan ese anzuelo. Ocurre siempre que cuando alguien opta por "defender la patria" suele actuar contra los habitantes de esa patria. Los "patriotas" lo han hecho siempre: "defienden" España, aunque sea destrozándola. La historia está plagada de ejemplos que lo demuestran. En el siglo XX, como antes en el XIX y en el XVIII, "salvaron" España contra la voluntad de los españoles.
La guerra civil y el franquismo no fueron más que dos episodios trágicos de lo que ha venido haciendo la derecha española en los últimos tres siglos, con su ariete el ejército: actuar contra el "enemigo" interior, sean las movilizaciones obreras o las ansias de identidad de los pueblos que conforman la península ibérica. Lo hizo el general Martínez Campos en 1874 y lo repitieron los generales Primo de Rivera en 1923 y Franco en 1936. Los ciclos se repiten y siempre es la misma historia. Había que "salvarnos" del "caos" de las reivindicaciones obreras y de los separatistas vascos o catalanes. Había que salvar a los españoles de los partidos que habían elegido libremente. Lo intentaron de nuevo Tejero, Miláns del Bosch y Armada en 1981. Es como si cada cuarenta o cincuenta años los españoles estuviéramos condenados a ser "salvados" a la fuerza.
Ahora vuelve la sempiterna historia, pero como el ejército no parece muy dispuesto, la derecha y la extrema derecha cogen la bandera (que siempre han considerado exclusivamente suya) y amenazan con echarse a la calle. José María Aznar y Díaz Ayuso lideran el nuevo "alzamiento" contra quienes quieren destruir la patria, rojos y separatistas. Núñez Feijóo obedece. Sin embargo, cada vez que la derecha coge la bandera la razón no es salvar nada, sino defender sus privilegios. La razón es que se le escapa la ocasión de hacerse con el poder dentro de diez días en la fallida investidura de Feijóo. En realidad, lo que PP y VOX quieren salvar no es la unidad de España, que no está ni ha estado nunca en peligro, sino su control sobre el Boletín Oficial del Estado. Pero como no pueden decir que rabian porque otra vez pierden la ocasión de dirigir nuestras vidas, usan el manido discurso de la unidad de España.
¿Por qué no va a ser investido el candidato del PP? Porque no tiene nada que ofrecer a la España diversa, moderna, progresista de este siglo. Porque su modelo de privilegios arcaicos casa mal con el momento actual. Porque quien tiene los votos que otorgan la investidura no está dispuesto a dárselos a un partido que propugna la desigualdad, la uniformidad y el ordeno y mando. Una posible amnistía a los independentistas huidos le importa un bledo a la derecha. La habrían concedido igual si hubiesen tenido oportunidad de gobernar, como Aznar pactó con Pujol la supresión de los gobernadores civiles o la retirada de la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña, pero como no tienen, el demonio se los lleva.
Lo que no dice la derecha es que la amnistía es una necesidad, una medida de gracia que viene a solucionar un grave problema político que tiene España. El problema es que un número importante de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña tienen abiertas causas judiciales por haber participado en aquel desvarío colectivo que fue la declaración unilateral de independencia. Es verdad que el problema lo crearon Puigdemont y sus seguidores, algunos de los cuales huyeron de la justicia y están "exiliados", pero desde entonces la situación de esos prófugos pesa sobre la democracia española como una losa. Dentro de España esa anomalía se verá como se quiera, pero fuera no deja de ser una afrenta que haya un grupo de españoles que no pueden pisar el territorio de su país por hechos políticos. Esos políticos son la imagen viva del problema de fondo que es el encaje de Cataluña en España. Lo ha reconocido el propio Feijóo.
Quieran verlo o no, ese problema hay que solucionarlo. Si no es ahora tendrá que hacerse en el futuro. La amnistía es el primer paso para ese encaje. El otro problema es la formación de un gobierno que responda a la voluntad popular expresada en las elecciones del 23 de julio. Esa voluntad no se interpreta, como pretende la derecha, diciendo que gobierne el partido más votado. Eso no ocurre en ningún país regido por un sistema democrático similar al nuestro. En todas partes gobierna el candidato a la investidura que sume suficiente número de votos en el Congreso de los diputados. Ése es el verdadero problema de la derecha: que no suma. Y no suma porque su ideario no es creído ni deseado para la mayoría del Congreso de los diputados.
La cosa es muy simple. Gobierna quien sea capaz de aunar los votos necesarios en torno a un proyecto de legislatura que recoja las diferentes aspiraciones que ostentan escaños por voluntad popular. La derecha no suma porque el proyecto que ofrecen Feijóo y su apéndice Abascal recibe el rechazo de la mayoría y, especialmente, de la minoría (Junts) que tiene en sus manos la posibilidad de otorgar la mayoría absoluta con sus votos o la mayoría relativa con su abstención. ¡Ah!, paradojas de la política: la voluntad popular le ha dado al prófugo la llave de la Moncloa y ahora no queda otra que cortejarlo.
He aquí el verdadero problema, que no es la amnistía ni que España se vaya a romper. Ni que haya que salvar a España de la humillación de postrarse ante el prófugo. Eso es el número del alambre para darle emoción al circo político. Dado que la mayoría de los diputados le ha dado calabazas, lo que quiere Feijóo es que haya repetición de elecciones porque alberga la esperanza de que enero le conceda la mayoría absoluta que julio le negó. (Lo que no se entiende es qué pinta en este show Felipe González, como no sea la dificultad que tienen algunos para hacerse viejos con dignidad).
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