Los fuera de la ley son mendaces que crean una ilusión de verdad que les evite caer en la trampa que han tendido, pero, finalmente, caen presa de la misma. Es decir, dibujan un trampantojo para engañar a alguien haciéndole ver lo que no es. Atendiendo a esto, Andalucía vive una realidad muy alejada de la verdad oficial del estado de sus recursos públicos y productivos. Veamos algunos ejemplos.
Prometió el presidente Moreno Bonilla que su mandato sería el de la “legislatura del agua” para lo cual constituyó un gobierno “tras una intensa conversación consigo mismo” que tendría como objetivo acabar con el déficit hídrico andaluz “porque cada vez llueve menos”. Pues bien, del agua se ha hecho el peor de los usos favoreciendo el despilfarro de los recursos hídricos, consentido desde el gobierno del partido popular, favoreciendo el derroche. Los casos de Doñana, Sierra Nevada y el modelo masificado de turismo son paradigma de la actuación colaborativa que viene desarrollando el partido popular en la comunidad andaluza con la economía especulativa, fuera de la ley, que ha dejado a Andalucía seca.
La explosión del campo andaluz por la salvaje actuación de las cadenas de distribución de las grandes corporaciones de alimentación es otro ejemplo vergonzoso de cómo se facilita el incumplimiento de la ley, en este caso, de la cadena alimentaria, que sobre el papel prohíbe producir y vender a pérdidas. Compañías sanguijuela como Mercadona, Carrefour o Lidl copan la compra de la producción agraria con imposición de unos precios paupérrimos a los agricultores que no cubren sus costes generando sumisión, para después, despiadadamente subir los alimentos, los básicos más, a niveles insoportables, obteniendo así indignantes e inmerecidos beneficios estratosféricos, actuando fuera de la ley con total impunidad.
El partido popular le echa la culpa a la Unión Europea cuando esa formación política, junto con sus aliados de Vox, ha apoyado y apoya activamente en el parlamento europeo los tratados de libre comercio que están destrozando al campo andaluz y por ende las explotaciones pequeñas, medianas, familiares y profesionales, ejerciendo sobre las mismas una competencia desleal que las aboca a su desaparición.
La responsabilidad del gobierno de Moreno Bonilla es palmaria, de él depende el deber de vigilancia para que a ninguna explotación agraria andaluza se le imponga vender por debajo de los costes de explotación, así como, controlar el etiquetado e impedir la acumulación de tierra de cultivo por los fondos de inversión, lo que afecta a la propiedad, haciéndose con la misma, provocando la quiebra de los pequeños, medianos propietarios y autónomos, de lo que se aprovechan muy lucrativamente las grandes grupos empresariales, a la vez extractivos y distribuidores de los productos de alimentación.
Todo ello explica la razón de porqué el partido popular votó en contra de la ley de la cadena alimentaria, quedando palpable que los intereses que defiende no son los de las familias, pymes y autónomos agricultores andaluces, que no deben dejarse manipular por la extrema derecha y sus aliados del partido popular para que sus justas reivindicaciones no queden en la nada. Son las grandes cadenas de supermercados y su actuación fuera de la ley los responsables de la situación del campo andaluz y no las políticas medioambientales.
La sanidad pública andaluza, otrora, ejemplo de buen funcionamiento y calidad, hoy es un caos por el desmantelamiento de la atención primaria, la amortización de las jubilaciones, la privatización de servicios, el cierre de plantas, la falta de mantenimiento de las instalaciones sanitarias, muy descuidadas, que dan a lugar a inundaciones como las ocurridas en el Hospital Virgen del Rocío y, para completar, la precariedad preside las relaciones laborales en el Servicio Andaluz de Salud. Con la política de desmontaje en la que ha participado el partido socialista, la sanidad andaluza pierde su carácter universal y por la vía de los hechos consumados, fuera de la ley, se va transitando hacia el modelo privado de salud cuya columna vertebral no es la de prevenir enfermedades, sino dejar que lleguen (cuanto más enfermos, mejor). Es así como sustentan su negocio.
Aún resuenan las promesas de Moreno Bonilla antes de ser presidente de la Junta. Si me dais vuestro apoyo, dijo, haré la revolución del agua; el campo andaluz será dignificado y se acabarán los contratos por horas y días, tendrán una duración mínima de seis meses en la Sanidad pública, que será protegida. Nadie se irá a otra comunidad autónoma por tener condiciones laborales precarias. Los hechos, en todos los casos, confirman lo contrario, son demoledores. Aflorada la verdad, Andalucía debe librarse de los fuera de la ley, hoy, presos de sus propias mentiras y trampas.
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