Funcionarios por la cara

Un ejército de interinos, alrededor de 300.000, la misma población que tienen ciudades como Valladolid o Córdoba, lucha para que el Estado les regale su plaza de funcionario. Alegan que llevan más de tres años de interinidad, lo máximo que marca la ley para los contratos laborales en el sector privado. En el fondo del asunto está una orden de la Unión Europea que obliga a España, en un plazo de cuatro años, a bajar la temporalidad en el sector público del 28 al 8%.

Lo que no dice la UE es que la estabilización en el empleo del sector público haya que hacerla regalándole la plaza a los interinos, poniendo no sólo en jaque los derechos de los opositores sino también los de los mismos funcionarios que han obtenido su plaza de acuerdo a los principios constitucionales: mérito y capacidad, igualdad de acceso y libre concurrencia.

Alegan los interinos, agrupados en plataformas de afectados, que se han ganado su plaza trabajando todos los años que llevan como interinos en una especie de chantaje moral a la sociedad española en la que se venden como víctimas. Pobres, no aprobaron su plaza y llevan más de 10 años trabajando con los derechos de la función pública, pero son unos oprimidos por el sistema. La obligación que tiene la sociedad española con los interinos es que cobren de forma mensual y tengan sus derechos laborales garantizados, cosa que no se ha vulnerado.

Ya podían estos interinos haber creado alguna plataforma para que las limpiadoras o el personal de mantenimiento de las administraciones públicas sean personal propio y no subcontratados por empresas privadas que se hacen de oro gracias a los bajos salarios y condiciones de precariedad. Ya podían pedir una convocatoria de empleo público que saque 300.000 plazas a concurso para que puedan participar los interinos y toda la ciudadanía que cumpla con los requisitos y así lo desee.

Para qué luchar por la igualdad pudiendo defender privilegios gremiales, con la inestimable ayuda de las centrales sindicales que tienen en la función pública el principal grueso de su afiliación. ¿Para qué queremos organizaciones gremiales si los sindicatos de clase ya funcionan como gremios? Se espera que los sindicatos defiendan la justicia universal y no atajos que sólo benefician a una minoría y perjudica el mismo estatus del funcionario público y a los aspirantes que están en la calle esperando a poder acceder a una plaza fija sin vulnerar los principios constitucionales de mérito y capacidad, igualdad y libre concurrencia.

Ya podían los sindicatos exigir becas para los opositores sin recursos económicos para poder tirarse varios años estudiando oposiciones sin trabajar, como ahora hacen los opositores más pudientes, y así de paso contribuir a que la administración hable el lenguaje y las formas de la calle, pero para qué pudiendo comportarse como lobbys de presión sólo buscando el beneficio de quienes le pagan la cuota mensualmente.

Claro que es bueno y deseable acabar con la temporalidad en el sector público, pero esto no debe hacerse de una forma injusta como la de convertir en funcionarias a personas que, en muchos casos, entraron sin ni siquiera tener que pasar una entrevista de trabajo. Pondré como ejemplo la Oficina del Portavoz de la Junta de Andalucía, lleno de periodistas que fueron contratados a dedo por el PSOE en sus 37 años de ordeno y mando en la Junta de Andalucía, pensando que nunca serían desbancados del poder.

Esos trabajadores accedieron a su interinidad a través de una contratación directa gestionada directamente desde el despacho del político de turno. Es cierto que sería injusto afirmar que todos los interinos han entrado mediante la práctica del enchufismo, pero no es menos verdad que la regularización generalizada de 300.000 interinos significará hacer funcionarios a gente que entró en la administración pública por su cercanía con el partido gobernante y no por los principios que rige la Constitución Española.

Un ejército de interinos quiere ser funcionario por la cara y para ello se ha aprobado un decreto que tendrá que ser tramitado como ley en el Congreso. El decreto marca como límite de tres años el tiempo que los contratados temporales puedan permanecer en sus puestos en la función pública, una indemización de 20 días por año si no aprueban las oposiciones  y son despedidos y plantea un principio de acuerdo para encontrar la “seguridad jurídica” con la que regalarle la plaza al personal temporal del sector público.

A los afectados les parece insuficiente y quieren ser ya fijos, todos, nada de caso por caso, porque saben que en el Constitucional tendría un difícil encaje sus aspiraciones. Es entendible que quien esté de interino quiera ser fijo, pero los gobiernos deben gobernar para toda la ciudadanía y teniendo en el frontispicio de su ideario la igualdad, sin la que cualquier sistema democrático es una performance. Estabilidad laboral en la función pública, sí, por supuesto, mediante una oposición a la que pueda presentarse cualquier ciudadano que cumpla los requisitos y lo desee; funcionarios por la cara, bajo ningún concepto.