Desde el pasado 30 de Diciembre, la Junta de Andalucía, ha abierto el plazo de alegaciones al Anteproyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales y de la Mar de Andalucía. La Fundación Savia ha aplaudido la iniciativa, una medida que consideran “necesaria para un colectivo que ha estado olvidado durante el desarrollo de la historia en el medio rural y que tiene que venir acompañada de planes y estrategias”.
Así, esta organización, con el fin de ser proactiva y aportar en positivo, ha presentado una serie de aportaciones a este Anteproyecto de Ley que pueden mejorar el contenido y la futura efectividad de este, “convencidos del papel clave que desarrollan las mujeres en el medio rural para su progreso y mejora, y como componente dinamizador en el medio rural de Andalucía.
La misiva, dividida en aportaciones a la exposición de motivos y aportaciones al articulado del texto normativo, ha querido que se vea reflejada la discriminación sufrida en las zonas rurales por la falta de oportunidades para incorporarse y permanecer en el mercado laboral con un empleo estable y de calidad, así como la falta de infraestructuras y servicios, las escasas posibilidades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la poca participación que tienen las mujeres en los órganos de toma de decisiones. Todas estas situaciones, afirman, “conllevan a la marcha de las mujeres del medio rural al urbano en busca de mejores oportunidades”, lo que implica despoblamiento, envejecimiento y masculinización del medio rural.
También consideran necesario contar con la opinión de los agentes sociales que trabajan en el territorio, coordinando los esfuerzos que realizan en favor de la igualdad de oportunidades, y, de igual manera, la inclusión en la Educación para la difusión de propósito de la Ley, para su conocimiento y sensibilización en los centros de enseñanza en el medio rural y pesquero, educando desde la igualdad.
Asimismo, han reseñado que es necesario hacer referencia a las mujeres ganaderas, ya que no tienen el suficiente reconocimiento jurídico, económico y social, y es ineludible “impulsar el fortalecimiento, reconocimiento y participación en todos los ámbitos amparados por el Estatuto”.
En lo referente al articulado de las Disposiciones Generales, la entidad, en sus aportaciones, ha añadido referencias como el cambio de mentalidad en los roles y estereotipos de género en el medio rural, que tienen su influencia en la desigualdad de las mujeres y hombres, y la inclusión de definiciones como “mujer rural”, “trabajo productivo” y “trabajo reproductivo”.
En la Representación y Participación, destacan el aumento en las cuotas de participación en los órganos de gobierno, así como la adaptación de las normas para una efectiva conciliación personal y laboral; la promoción de los valores igualitarios de convivencia y empoderamiento de las mujeres rurales y de la mar, el impulso de la autonomía económica de las mujeres, la mejora del acceso a recursos sociales, sanitarios y tecnológicos, la adecuación de la prevención y la atención de las mujeres víctimas de violencia de género a las circunstancias específicas del medio rural y de la mar; y facilitar el acceso a puestos de trabajo que requieran una formación especializada.
En lo que respecta a la Sostenibilidad de la Vida Labora, Familiar y Personal, han reseñado la coordinación entre ayudas, subvenciones y programas que permitan el acceso de las mujeres del sector agrario, ganadero y pesquero al ocio, tiempo libre, reuniones, evento, jornadas, y la participación en puestos de toma de decisiones.
También, en la Sensibilización y Formación en Materia de Igualdad de Oportunidades, el establecimiento de un programa específico de formación que favorezca el empoderamiento y profesionalización en diferentes ámbitos, así como formular iniciativas de diversificación económica.
Igualmente piden añadir, en la Promoción del Empleo y Condiciones Laborales, acciones de fomento y campañas de información, difusión y sensibilización en el acceso al empleo en cualquiera de sus modalidades, así como propuestas de redacción diferentes para que no se hagan interpretaciones erróneas de la Ley
En la referencia a la Titularidad Compartida, proponen incluir, del mismo modo, el acceso a la tierra, e incluir la representatividad de estas en confradías de pesca y asociaciones de armadores, además de no establecer una limitación en la titularidad de las explotaciones a mujeres que trabajen por cuenta propia, sino también a aquellas que lo hagan en agrupaciones de productoras o familiares directas, y la inclusión en este apartado la referencia del relevo generacional, derecho factible de acceso que debe contemplarse en la titularidad compartida.
Por último, han hecho referencia a que, en la Comisión de Seguimiento y Evaluación, al menos el 50% de la Comisión deba estar compuesta por mujeres, y que se incluya un representante del sector pesquero, al igual que lo hay de las organizaciones profesionales agrarias.
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