Desde que el gobierno del Partido Popular alcanzó la mayoría absoluta en Andalucía hace dos años y medio, el enfrentamiento entre la Junta y los rectorados de las universidades públicas se ha convertido en una constante. Nunca antes las universidades habían emitido tantos comunicados oficiales de queja en un periodo tan breve. Algunas de estas notas de prensa denuncian la insuficiencia del plan de infraestructuras universitarias; otras critican la indulgencia de la Junta frente a los estándares de calidad exigidos a las universidades privadas emergentes; y un tercer grupo señala el incumplimiento del modelo de financiación pactado, un pilar esencial para la sostenibilidad del sistema público.
Por lo general, los rectores y rectoras son funcionarios que evitan los titulares fáciles y, aún más, cualquier exceso, manteniendo la prudencia inherente que demanda la autonomía universitaria. ¿Qué justifica, entonces, esta reacción constante frente a la política universitaria de la Junta? Para entenderla podemos recordar la famosa frase de Hannibal Lecter a Clarice Starling desde su celda: "Primeros principios, Clarice. Simplicidad. Lea a Marco Aurelio. " Los rectorados han ido más allá de lo circunstancial en su análisis de la situación actual, llegando a la conclusión de que la Junta está implementando un cambio del modelo universitario en Andalucía.
Las universidades públicas han conformado la estructura básica, y casi única, de la educación superior en nuestra tierra. Con un esfuerzo presupuestario innegable, la anterior administración socialista logró expandir los campus universitarios a todas las provincias llegando incluso a crear cinco universidades públicas en cinco años. Se cumplía así un viejo anhelo socialdemócrata: crear campus universitarios de calidad que garanticen la igualdad de oportunidades y, al mismo tiempo, vertebren el territorio.
Mucho ha llovido desde entonces. El gobierno de Moreno Bonilla ha aprobado cuatro universidades privadas en un tiempo récord y las ha situado en territorios de gran afluencia económica, como la Costa del Sol. Si antaño la prensa andaluza reseñaba medidas como la bonificación del 99% de las matrículas o las ayudas autonómicas del programa Erasmus, hoy irrumpen con fuerza en el debate público temáticas como las cuantiosas matrículas de las nuevas privadas en carreras como el grado de medicina o enfermería.
Esta expansión del sector privado en la educación superior no ha venido acompañada de un refuerzo del sistema universitario público. El gobierno de Juanma Moreno podría haber optado por un enfoque moderado más acorde con postulados cercanos al humanismo cristiano o al conservadurismo liberal, pero ha decidido seguir el modelo neoliberal implantado en la Comunidad de Madrid. Un modelo que multiplica las universidades privadas mientras asfixia financieramente a las públicas y bloquea su avance.
En su defensa, el actual consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, suele argumentar que las universidades públicas andaluzas están mejor financiadas que las madrileñas. Es cierto. Como también es cierto que las políticas neoliberales del Partido Popular llevan quince años de adelanto en aquella comunidad. Sin embargo, los datos y los hechos vienen a refrendar el giro de la política universitaria de la administración andaluza hacia postulados más liberales.
La mayoría absoluta del PP no ha sentado bien a la universidad pública andaluza. Las cifras empiezan a ser incluso peores que en la anterior legislatura popular. La partida 54.A, destinada a la investigación, ha disminuido de 345 millones en 2021 a 176 millones en 2025. La reducción de la autofinanciada —el dinero aportado directamente por la Junta para investigación— es constante, pasando de 82 millones en 2023 a 72 millones en 2024, y desciende hasta los 47 millones en 2025.
El plan de infraestructuras universitarias ha corrido la misma suerte, reduciéndose a la mitad en tres años, de 160 millones a 80 millones. Esta apuesta residual por la universidad pública se refleja con mayor claridad en los datos globales: mientras el presupuesto de la Junta para 2025 crece una media del 4,4 %, la partida global de la Consejería de Universidad e Investigación aumenta tan solo un 2,38 %.
La estrategia empieza a ser evidente. Se fomenta la proliferación de universidades privadas mientras se dificulta que las gerencias de las públicas cumplan con uno de sus cometidos más sensibles: el pago de las nóminas. El presidente Moreno mantiene la presión sobre ellas durante todo el año, llegando incluso a poner en riesgo los acuerdos firmados. Cuando acaba el año, se cede, llega el dinero, y los rectorados respiran aliviados en esta política despiadada de mera subsistencia. Mientras tanto, reivindicaciones como la mejora de las partidas de investigación, becas o infraestructuras quedan desdibujadas. Es significativo que, con los tres presupuestos más altos de la historia de la Junta, y en una época de bonanza económica, los rectorados y sindicatos se vean abocados a una lucha por el pago de las nóminas y complementos.
Este despropósito no se limita a las cifras. Poco a poco, la batalla ideológica de Ayuso contra las universidades públicas se extiende a los campus andaluces. Mientras la presidenta madrileña declaró hace unas semanas que 'la izquierda tiene colonizada la universidad pública Complutense de Madrid', el Consejero de Universidad de la Junta, el Sr. Villamandos, insinuó en el Parlamento que algunos rectores son peones del PSOE y que incluso les organizan las campañas electorales. Si Díaz Ayuso justifica dar becas a familias con ingresos de 100.000 euros bajo el argumento de que 'lo pasan también muy mal', Villamandos sostiene que las universidades privadas no son cosa de ricos 'porque cualquiera de nosotros podría mandar a sus hijos a estudiar en ellas'. Andalucía, sin embargo, no es Madrid. Ni Moreno pretende ser Ayuso. Por ello, el presidente ha delegado en su Consejero (fidelis servus) la faceta más combativa y populista de esta agenda neoliberal.