No se debe confundir la crítica que se hace a la judicatura con una campaña de acoso contra los/as jueces. Sin embargo, es evidente que la democracia española tiene un problema grave con el poder judicial que en vez de aplicar la ley desde la neutralidad y la imparcialidad ha decidido entrar en el papel del legislador y usurpar las funciones del poder legislativo, que es donde únicamente descansa la soberanía popular que luego se ve representada en el Congreso de los Diputados. Es en el Parlamento donde se hacen las leyes y se elige al Presidente del Gobierno. Son funciones de legitimidad democrática que no las tiene el poder judicial que ni legisla, ni quita ni pone gobiernos. Esa deriva autoritaria solo la podemos oponer con más democracia, respetando escrupulosamente sus procedimientos y los valores superiores que propugna nuestro Estado social y democrático de Derecho que no son otros que la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Próximamente, se va a constituir el nuevo Gobierno de coalición progresista y no hay duda que van a exteriorizarse varios itinerarios de actuación en la legislatura. El primero ya se ha expuesto y es que van a intentar bloquear todas las políticas del Gobierno, razón por la que debe asumir que va a gobernar con el poder judicial en contra, que ha decidido ser actor político, lo que habrá que tener muy presente en el diseño de las estrategias para mantener la mayoría parlamentaria, que no es de izquierdas, pero sí puede ser de entendimiento entre pueblos. Esa oposición política judicial es algo inevitable, como también la necesidad democrática y constitucional de liberar del bloqueo al CGPJ, hoy sin legitimidad de origen, ni de ejercicio.
Por otro lado, en democracia no es nada ocioso llamar la atención a los/as jueces que están anteponiendo su visión ideológica a la idea de lo que creen que es justicia al aplicar la ley y no es así. Hay que hacerles ver que están debilitando la democracia. Esto ocurre también cuando jueces acuden como tertulianos o escriben dando opinión ideológica, trasladando una visión, a veces, apocalíptica de España. Un/a juez tiene ideología, ¡cómo no!, la cuestión es que esta debe quedarse al margen de su quehacer jurídico, si esto no lo hace, lo que aparece es la lawfare y el descrédito se extiende como mancha de tinta, de difícil limpieza.
El daño que le están causando al sistema es grande cuando se saltan la ley, como es el caso de los ocho vocales designados por el partido popular en el CGPJ que se arrogan la función de prevenir contra una ley de amnistía sin conocerla y a sabiendas que no está entre sus competencias y funciones. Es al Parlamento a quien corresponde debatir y aprobar dicha ley, que podrá ser recurrida al Tribunal Constitucional, ese es el cauce constitucional y no otro. Por tanto, los procesos democráticos y de control judicial están asegurados. Y, como ha escrito la profesora Mariola Urrea “La independencia judicial como baremo para evaluar la salud de la democracia no supone que los magistrados puedan interpretar y aplicar las normas al margen de los criterios fijados por el legislador”. Ni hay que confundir el Estado de Derecho con un estado de derechas, como ha señalado el Magistrado Emérito del Tribunal Supremo, Martín Pallín
No debemos tener miedo cuando personajes burdos e indocumentados como el fascista Abascal llaman a la insurrección y desobediencia a las fuerzas de orden público, convocando manifestaciones y concentraciones violentas como las que estamos viendo ante las sedes del partido socialista (con el que me solidarizo). Llamamiento alimentado por omisión por Feijóo y Ayuso aunque a posteriori se han desmarcado de forma protocolaria. No podemos ceder libertad a cambio de seguridad o creer que un Presidente de Gobierno elegido por una mayoría absoluta del Parlamento es ilegítimo y que la legitimidad, por el contrario, reside en los poderes autoritarios o en los ocho vocales del CGPJ, hoy con funciones caducadas y sin aval democrático.
La lawfare existe, es el caso de las veinte causas falsas abiertas contra Podemos y sus dirigentes, todas archivadas, pero que han hecho un daño irreparable a esa formación política. O, el procedimiento que se abrió contra la Magistrada M.ª Victoria Rosell. Afortunadamente, el exjuez Alba hoy está en prisión por ese motivo. O, el que se está tramitando contra Monica Oltra que tras investigar más de cuatro mil correos electrónicos ni un solo indicio de relación con el asunto, pero ahí sigue imputada. O, el relativo a Carles Puigdemont y a Marta Rovira por terrorismo y sobre el que la Fiscalía ha afirmado que el juez García Castellón ha llevado tergiversaciones, suposiciones y omisión de datos para justificar las imputaciones con una escasa motivación sobre los indicios que se consignan, resultando todos ellos insuficientes. Sí, es el mismo juez instructor que retiró a Cospedal y Rajoy del caso Kitchen y que ahora ha sido obligado por la sala penal de la Audiencia Nacional a llamarlos al proceso.
La democracia está legitimada a través de los órganos que se ha dotado para considerar medidas de gracia como la amnistía, que son de reconciliación, que dan respuesta democrática a ese espacio reaccionario que tiene como única solución la judicialización de la vida política en vez de caminar democráticamente en la solución del conflicto político en Catalunya y hacer retornar a los partidos soberanistas al camino constitucional, lo que ya es un hecho. La ley de amnistía cabe en nuestro ordenamiento jurídico, en concreto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 666. 4) y en la Constitución Española (art. 62 i), que, expresamente recogen esa medida de gracia. Los jueces juzgan y hacen ejecutar lo juzgado, pero no gobiernan.
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