La justicia está politizada, quién la despolitizará. El buen despolitizador que la despolitizare buen despolitizador será. La justicia se ha echado al monte y anda por los caminos, trabuco en mano, asaltando las diligencias de la política. Las diligencias de izquierdas, claro está. Las de derechas tienen paso franco. ¡Hay que despolitizar la justicia!, gritan unos y otros. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva ¡cinco años caducado! Pero ¿cómo? Dicen que el mal de la justicia tiene su origen en que son los partidos quienes nombran, a través del Congreso de los Diputados, a los miembros del órgano de gobierno de los jueces (CGPJ) y a los integrantes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
¿Quién los nombraría si no lo hiciese el Congreso? Los propios jueces, responden los magistrados y los partidos de derechas. Visto así, la cosa parece tener su lógica. Que los jueces decidan al margen de injerencias políticas. Sin embargo, la cosa tiene trampa porque supondría sustraer a la voluntad popular uno de los tres poderes del estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Es decir, supondría amputarle a la democracia el control del poder judicial. Está claro por qué los jueces quieren mandar a su antojo, libres de tener que rendir cuentas al Congreso de los Diputados. Eso supondría no sólo un grave deterioro de la calidad democrática del sistema, sino la creación de una casta que actuaría completamente al margen de la voluntad popular.
Una parte minoritaria de la judicatura ya actúa, de hecho, como una auténtica casta -mafia- pero ahora tiene que hacerlo al margen de la ley. O, cuando menos, violentando las leyes amparados por la argucia del margen que les otorga la interpretación de las normas emanadas de las Cortes. Algunos jueces actúan con sus resoluciones y sentencias como aquellos intérpretes que se otorgan carta blanca, por ejemplo, para convertir la partitura de la Novena de Beethoven en un bolero latino de Juan Luis Guerra. Si lograran lo que pretenden, esos jueces tendrían toda la cobertura del estado para ejercer su poder de manera impune o, cuando menos, al margen de la voluntad de la ciudadanía, que reside única y exclusivamente en las Cortes. No es el CGPJ, sino la voluntad popular lo que tienen secuestrada los que impiden su renovación.
Esos jueces está claro por qué quieren decidir. ¿Pero por qué los partidos de derechas quieren que decidan los jueces? Porque esa casta es, por extracción social, de carácter eminentemente conservador. Si se eligieran entre sí, el PP ganaría siempre fuese cual fuese el resultado de las elecciones. Para comprobar el carácter conservador de la casta sólo hay que asomarse a los telediarios de cualquier día. Por eso -no porque defienda la independencia judicial- el PP ha prolongado hasta lo indecible la vigencia del actual CGPJ hasta desprestigiarlo. Por eso y porque su renovación supondría que el reparto de sus miembros reflejase la voluntad popular expresada en las elecciones celebradas en 2019 (abril y noviembre) y 2023 (julio). No es el calendario el que exige la renovación, sino el dar cumplimiento a la voluntad popular emitida en esas tres elecciones. Porque el actual CGPJ está hecho a la medida de los resultados de las elecciones de 2016, cuando ganó Mariano Rajoy por última vez.
La supuesta despolitización de la justicia es, en ese sentido, una argucia de la casta de los jueces y de los partidos de derechas para sustraer el poder judicial al control del electorado. Es verdad que la justicia está siendo políticamente utilizada, pero por unos y por otros, incluidos los propios jueces. Pero la solución no debe consistir en suprimir el control del Congreso de los Diputados. Eso sería un grave deterioro de la calidad democrática del país. No se ha inventado en ningún país democrático del mundo mejor forma de elegir al órgano de gobierno de los jueces y a los componentes de los tribunales supremos y a los tribunales constitucionales. La. democracia no es un sistema perfecto, sino el menos malo de los conocidos. España tiene similar forma de designación de nuestro entorno y ha funcionado razonablemente bien hasta que la crispación se ha adueñado de la política. Por lo tanto, tengamos claro que no es el sistema de elección de los jueces lo que necesita un cambio, sino la forma de hacer política, la utilización descarada de la judicatura para eliminar al adversario.