Como las uvas en Nochevieja, como la operación salida y retorno en el verano, como los carnavales en febrero… En septiembre toca nota de prensa de las editoriales de libros de texto protestando por el reparto de las competencias en educación. Este año, como novedad, han usado el recurso tan común en estos tiempos de “miente que y ahí queda”. Mienten porque incluyen afirmaciones y datos difícilmente demostrables. Por ejemplo, sostienen que en diez años se han aprobado, cito textualmente, “1.700 normas jurídicas y cientos de decretos, órdenes y circulares” para regular el mercado de los manuales. ¿Algún voluntario para contarlas? Y digo yo. ¿Por qué son 1.700 y no 17.000? ¿Por qué no en lugar de 100 por comunidad autónoma, ponemos 1.000? ¿O quizá son 170? Estas cifras indemostrables, las acompañan con afirmaciones tan verificables como “presiones” en privado de las Consejerías de Educación autonómicas por poner unos contenidos y no otros. ¿Tienen pruebas de ello? Algunos consejeros han negado esas afirmaciones, pero claro, ahora a ver cómo se desmonta la mentira…
Vamos a profundizar sólo un poco en este tema. Estas empresas buscan el mayor beneficio posible. Es lógico. El lucro está vinculado al mundo empresarial. Y en el fondo del asunto subyace ganar más dinero. Eso lo debemos tener muy en cuenta. A las editoriales de libros de texto les conviene editar un solo libro de cada asignatura para los estudiantes de Almería y los de Orense, por ejemplo. Es decir, sus argumentos no se basan en criterios educativos, sino en criterios economicistas. Puros y duros. Aunque pretendan disfrazarlos como intento de “mejorar” la educación. Pretenden ganar más dinero con el ejercicio del derecho a la educación. Y eso que ya lo ganan. ¿O no nos hemos planteado muchas veces cuál es el costo real de ese libro que hemos comprado y cuánto hay de beneficio? Hago una apuesta jocosa: creo que más del 70% son beneficios.
Ellos vienen defendiendo la devolución de las competencias educativas al gobierno central incluso desde cuando vox era solo una magnífica editorial de diccionarios. Desde entonces, consideran que el mercado de los libros hay que liberarlo… pero para organizarlo ellos. No quieren intervención gubernamental, para intervenir ellos, libremente, con mucha libertad eso sí. Y, claro, luego pasa lo que pasa: en junio pasado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó en una recurrida sentencia (213 páginas) -como respuesta a una denuncia de la editorial Vicens Vives, la oveja negra de la Asociación, quien se salió del juego- a estas editoriales con 33,8 millones de euros por crear un cártel (véase el Confidencial de 13 de junio de 2019). Según ese texto, las editoriales llevan al menos diez años repartiéndose geográficamente el pastel del mercado y desarrollando otras estrategias que vulneran, según la sentencia, la Ley de Defensa de la Competencia. O sea, que muy pobrecitas e inocentes no son…
Pero, además, con el fin de ganar más dinero del que ganan, pretenden anular la diversidad cultural española de las páginas de los manuales. En el caso andaluz, pretenden eliminar Andalucía de lo que estudian los niños y niña andaluzas. Y tan solo por lucro. Así de claro. Pero vamos a ser inocentes y nos creemos que buscan mejorar la educación y por eso defienden que un gobierno centralizado mejoraría la educación. Eso, desde un punto de vista riguroso, no es cierto. Lo podemos comprobar desde el ordenador de casa. Supongamos -que ya es mucho suponer- que los informes PISA sean un indicador de la calidad de un sistema educativo. Los países con mejores puntuaciones no están centralizados. El conocido caso de Finlandia. En ese país, la mayor parte de las atribuciones están en manos de los ayuntamientos y de los centros. ¿Y Alemania? ¿Alguien medianamente serio puede decir que existe el sistema educativo alemán? Los estados alemanes tienen prácticamente todas las competencias en educación y, que yo sepa, en la locomotora económica de la UE, no hay muchos problemas de identidad nacional...
Vamos a decirlo claro: cualquier sistema educativo anterior no fue mejor. Recordemos que cuando las comunidades autónomas no existían, el gobierno central decidió que en Andalucía nuestras cifras de analfabetismo se parecieran más a las de un país subsahariano que a uno europeo; que las desigualdades educativas fueran escandalosas; o que la enseñanza pública no llegara a todos los pueblos. No se trata de caer en el optimismo inocente, sino de ser conscientes del lugar que ocupó en su día nuestro país frente los argumentos que pretenden la “vuelta atrás”.