El Gobierno de Juan Manuel Moreno, en solo cinco días, ha logrado armar una primera y potente respuesta gubernamental, seguramente con lagunas por la premura, al peor desastre meteorológico que ha sufrido el oriente andaluz en las últimas décadas. Quizás ésta haya sido hasta ahora la mejor demostración de eficacia de la Administración Bonilla, especialmente llamativa tras la polémica respuesta al brote de listeria.
Sobre la mesa han puesto 75 millones de euros y según anunció el propio presidente en una muy correcta comparecencia institucional tras el consejo extraordinario, la próxima semana comenzarán las transferencias a ayuntamientos para afrontar las emergencias colectivas más urgentes en numerosos municipios.
Cuando el 20 de octubre del año pasado la gota fría golpeó con dureza en las provincias de Málaga y Sevilla, la respuesta del entonces Gobierno socialista no fue el mismo modelo que han impulsado desde el PP y Ciudadanos, quienes han optado por darle categoría de urgente "problema de estado" para el Gobierno regional en la parte que le corresponde competencialmente.
El Ejecutivo presidido por Susana Díaz, tras las inundaciones, dejó las primeras labores de coordinación del desastre en manos de los delegados del Gobierno en Málaga y Sevilla, José Luis Ruiz Espejo y María Esther Gil Martín respectivamente, quienes se reunieron con representantes del Gobierno central, diputaciones de ambas provincias y alcaldes de los municipios afectados por las lluvias del fin de semana, “en las que se han ofrecido ayudas para gastos de emergencia y reparación de infraestructuras municipales”, publicó la Junta en su web.
Fue en estas reuniones donde el entonces presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, presente en las mismas, aprendió casi todo lo que sabe sobre reacción ante desastres naturales que, ahora como consejero de Presidencia, le ha venido que ni de perlas. Esta quizás sea una de las claves para comprender tanta velocidad y eficacia administrativa en el seno de la burocracia gubernamental y en solo cinco días.
Dos Consejos de Gobierno para después de la tormenta
El 23 de octubre de 2018, aún con los campos y pueblos encharcados hasta las azoteas, Susana Díaz presidió el primer consejo de gobierno, martes habitual, tras amainar el temporal. Un vistazo al orden del día de la reunión nos recuerda que el Gobierno andaluz de aquel momento no abordó entonces ningún paquete económico especifico de ayudas autonómicas a los afectados. Lo único que se encuentra en aquel primer consejo es una respuesta protocolaria de agradecimientos y reconocimientos a la coordinación general que había funcionado como un reloj. Como primer punto aparece un informe de la presidenta que, seguramente, debió estar centrado en los desastres vividos, aunque no constan detalles ni cifras ni decisiones.
“El Consejo – se afirmó entonces desde la Junta— destaca el alto nivel de coordinación institucional alcanzado gracias a la acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, las policías locales el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), el 112, los agentes de Medio Ambiente, los retenes y brigadas del Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencia, Protección Civil y los ayuntamientos de las localidades afectadas”. El gobierno también lamentaba la muerte del bombero del parque de Antequera José Gil y se solidarizaba con su familia y compañeros.
Susana pidió a Sánchez la declaración de zona catastrófica
Un día antes de aquel Consejo, el lunes 22 de octubre, Susana Díaz, con su pluma azul sin mangas y encajada en botas de goma, había seguido visitando zonas inundadas en las provincias más afectadas. Siempre con cara de preocupación, siempre rodeada de sus alcaldes y líderes locales o comarcales del partido. Sobrevolando el desastre natural una campaña en ciernes que no pintaba nada bien porque la derecha hacía ruido y crecía.
La presidenta de la Junta de Andalucía contó ese día en Corcoya, pedanía del municipio sevillano de Badolatosa, que “los técnicos de las distintas administraciones estaban evaluando los daños ocasionados por el temporal de cara a la declaración de emergencia en las zonas afectadas en los próximos días. He acordado con el presidente (Pedro Sánchez) abrir de manera inmediata la declaración de zona de emergencia de protección civil, antiguamente llamada zona catastrófica, para activar las distintas líneas de ayuda”, aseguró la presidenta y así acabó sucediendo.
Pero, ¿por qué se retrasan las ayudas de 2018?
Ahora mismo, a dia de hoy, todas las miradas se concentran en Madrid, en el palacio de La Moncloa, en las decisiones que deberá tomar respecto a la catástrofe provocada por la DANA el consejo de ministros del Gobierno en funciones, de la misma forma que lo hizo en 2018. Pero sobre todo con la celeridad y la urgencia en la tramitación de ayudas que el problema requiere por razones más que obvias. Por eso conviene rebobinar y situarse antes del pasado verano.
A la altura del mes de junio de 2019, la diputada malagueña de IU, Eva García Sempere, formalizó tres iniciativas parlamentarias en el Congreso en las que denunciaba ante el gobierno socialista "el importante retraso en la tramitación de estas indemnizaciones" y exigía explicaciones.
El pasado 28 de agosto, semanas antes de estas últimas inundaciones, se conocía la respuesta del gobierno al retraso del pago de numerosas indemnizaciones. IU informó que el Ejecutivo central culpaba del retraso registrado para recibir las indemnizaciones a la insuficiente información proporcionada por los municipios a los afectados en Campillos, Teba, El Burgo, Ardales, Ronda y Cortes de la Frontera. La culpa se la echaba Madrid a los ayuntamientos que, a estas alturas, deben seguir sin haber cobrado lo que en justicia les corresponde a muchos de sus ciudadanos.
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Políticos de carne y hueso
Por lo demás la catástrofe nos dejó nuevamente imágenes de políticos cercanos, solidarios, cariñosos y muy afectados. Lógico, son personas de carne y hueso, pero destaca especialmente –por ser primerizo en estas situaciones presidenciales– como se ha estado desenvolviendo el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno. Me ha llamado la atención que ha sido capaz de mantener su naturalidad de siempre, nada teatral ni forzada, compaginada con un perfil institucional muy acorde con la gravedad de los acontecimientos. Nadie ha abierto la boca para criticar al presidente por algo en concreto que haya hecho o dicho, porque no lo ha habido de puertas afuera. Tampoco se han oído reproches en la oposición.
Lo más curioso y pintoresco ha sido ver a la oposición socialista exigiendo que se limpien las ramblas y los cauces de los ríos. Claro, ellos parece que no tuvieron tiempo de terminarlo después de 35 años. Más les debería preocupar a todos los partidos políticos esas urbanizaciones, extrañamente ‘legalizadas’, que se ha permitido construir invadiendo cauces naturales de ríos y riberas. Atajar y corregir eso sí está en manos de la política. Difícil que le pongan cascabel a ese gato negro de la especulación urbanística de nuestro inmediato pasado, aunque no debiera ser imposible. Por ejemplo, el Levante almeriense y la Costa del Sol son territorios a revisar especialmente en serio por este tipo de construcciones, alguna de las cuales (Vera) ya han dado la cara y el susto en el pasado, hace dos o tres DANA.
Artículo publicado originalmente en El Confidencial Andaluz.
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