¿Una deuda existe sin su correspondiente factura en un mundo como el del siglo XXI? ¿Si la deuda no está debidamente consignada y, de hecho, tú no la has contraído, cabe seguir hablando de deuda? Es decir, si una deuda no tiene su correspondiente factura y los servicios contratados se apuntaron, valga la expresión castiza, en la barra de hielo, ¿se puede seguir hablando de la existencia de una deuda?
Pero vamos a ir más lejos: ¿Se puede tener una deuda con alguien que dice no recordarla? ¿Si se dice que no se recuerda una deuda hay que tomar dicha afirmación siempre al pie de la letra o es una manera de hablar? ¿Podemos referirnos, no obstante, a la existencia de una deuda, digamos, moral? ¿Son compatibles estas dos palabras? En consecuencia, si se admite la existencia de una deuda, más moral que otra cosa, ¿cabe proceder a su reparación o, al menos, a su compensación? ¿Cómo es posible que el proceso de reparación —que, por cierto, nunca será reconocido como tal por ninguna de las dos partes, como mucho sería hacer las paces y volver al entendimiento precisamente a través de la contratación del gran artista— dé un giro inesperado y acabe todo por frustrarse?
Qué de preguntas, ¿verdad? Pues mucho de esto hay en el origen (y desarrollo) del conflicto abierto entre el Ayuntamiento de Jerez y el artista José Mercé que, por lo pronto, ha desembocado en la suspensión —o cancelación definitiva, habrá que ver qué ocurre finalmente—de la actuación del cantaor jerezano en las Fiestas de la Vendimia que acaban de comenzar, concierto que iba a ser, sin duda, uno de los platos fuertes de las mismas.
Después de años de desencuentro entre José Mercé y el Ayuntamiento de Jerez, en los que tiene mucho ver la existencia de una supuesta deuda histórica, sea cual sea su gestación y su naturaleza, el gobierno municipal actual y el artista habían sentado las bases de la repara. No, vamos a escribirlo mejor, vamos a seguir lo acordado en este propio artículo: habían sentado las bases para hacer las paces con esta contratación, si acaso entendiendo que hubiera una cierta compensación para el artista, un aspecto que, hay que insistir, nunca será reconocido explícitamente por ninguna de las partes.
Visto desde fuera —sin descartar nuevas sorpresas— el acuerdo que ponía fin al desencuentro se sustentaba en la contratación de José Mercé para las Fiestas de Otoño con un caché por encima del que es habitual —ojo, este no es un tema objeto de crítica, los artistas no siempre actúan por el mismo caché y son muy libres de hacerlo: pregunten, por ejemplo, a los millonarios rusos lo que les piden grandes artistas internacionales cuando quieren dar una sorpresa a su hija o a su nueva señora—, un acto simbólico como firmar en el libro de honor del Ayuntamiento y, por último, que la actuación, ya puestos, resultase, vamos a convenir el adjetivo, apoteósica.
Mercé (o sus agentes, que en este caso no ha sido lo mismo) firmó el contrato con un caché subido y garantizado al margen de la taquilla, firmó también en el libro de honor del Ayuntamiento de Jerez pero chocó, directamente, con el adjetivo apoteósico sin siquiera haber actuado. Que si las entradas las debería vender el management del artista o el Ayuntamiento, que si el concierto va a la Plaza de Toros, a la Alameda Vieja (por favor, ¿se imagina alguien que hoy por hoy, y más con la pandemia, un concierto de Mercé en la Alameda Vieja? Acabaría en los telediarios, sí, pero en la sección de sucesos). O que si el Teatro Villamarta… todo esto no dejan de ser excusas y dimes y diretes de una parte y de otra, más bien de la del cantaor, que entiende que desde el Ayuntamiento no se ha hecho lo suficiente para que su actuación resultara, tal y como hemos convenido, apoteósica (y libre de acometer los impuestos de la venta de entradas, que todo hay que decirlo).
Está claro que el gobierno municipal —el contratista es Fiestas, no Cultura, algo que al lector generalista no le dice nada, pero no es el habitual de este tipo de eventos— se ha dejado un flanco abierto en un tema que, por su naturaleza, más allá de lo terrenal, debía ir afilado al milímetro: una rendija podía crear problemas y aquí están.
El otro día, el director de este medio, Paco Sánchez Múgica, hizo las cuentas en otro artículo que firmó sobre este tema, unas cuentas que no pueden ser más sencillas: 2.000 entradas a 20 euros, total, 40.000 euros. Con esas cifras, todo el mundo estaría contento: el Ayuntamiento cubre la totalidad o casi de sus gastos (artista, producción y, llegado el caso, alquiler del recinto) y el artista cobra un cache importante sin riesgo alguno. Claro que, si se descarta por seguridad la Alameda Vieja y por aforo el Villamarta, el concierto estaba abocado a ir a la plaza de toros o a un campo de fútbol, y 2.000 personas, tal vez, digo, tal vez, dejarían demasiado cemento a la vista, por lo que sería complicado, por muy bien que estuviese el artista, hablar de una actuación única, irrepetible… apoteósica, en definitiva. Claro, claro, entre Ayuntamiento y artista habría seguro no menos de 500 invitaciones, pero sigue siendo poco.
De todas formas, repare el lector en que la entrada y su precio la ha puesto en un hipotético juego lavozdelsur.es. Ciertamente es complicado pensar que, no sé, 4.000 personas estén dispuestas a pagar 20 euros, pero a lo mejor sí 15 euros y, desde luego, 10 euros. Por eso, entre otras cuestiones, el artista planteó al final, cuando surgió el problema de la venta del papel, que la entrada fuera íntegramente por invitación: cuanto más público mejor, fuera o no de pago. Al fin y al cabo, él estaba por contrato al 100% cubierto en su caché.
Ahora ya da igual. Ya no es el tema. Un problema latente desde hace años que estaba en vías de solución ha dado lugar a un nuevo conflicto, lo que nos lleva a terminar el artículo con una nueva pregunta: ¿Puede la reparación en falso de una antigua deuda, sea cual sea, generar una ofensa? A juzgar por las declaraciones cruzadas que se han producido al parecer sí que puede, y en ambos sentidos.
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