El Partido Popular es una organización que integra a un alto número de personas y dirigentes que han desarrollado acciones que luego son sentenciadas como delictivas por los tribunales. La propia sede en calle Génova ha sido reformada con dinero negro y la misma sirve para tránsito, según afirmó el tesorero de ese partido, de sobres con miles de euros que se entregaban regularmente a dirigentes del citado partido político, como si no ganaran poco.
Ministros y presidentes de comunidad autónoma del Partido Popular han sido condenados o están imputados por gravísimos delitos de corrupción. La cúpula del ministerio del interior, incluido su titular están a la espera de juicio por organizar espionaje junto a cargos policiales. El propio exministro de interior y persona de total confianza de Mariano Rajoy ha acusado a la dirección de su partido de formar parte de la trama corrupta conocida como Kitchen.
El presidente actual de la Junta de Andalucía ha sido denunciado ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción y, si en algo se define su gestión del presupuesto público es como adjudica directamente cientos de millones de euros a empresas del sector privado al tiempo que destroza la sanidad y la educación públicas, simultáneamente, cargos de su gobierno, en perfecto uso de la puerta giratoria, acceden al staff ejecutivo de aseguradoras como Asisa, por señalar algunos ejemplos. Ahí está el asunto del futuro convicto, pero ya autor confeso novio de Díaz Ayuso de graves delitos contra la Hacienda Pública y aun así la presidenta madrileña sigue negando la mayor.
Es como cuando Ana Mato se encontró un coche Jaguar en su cochera y no sabía nada. O, como el actual presidente del Partido Popular que desconocía que el yate que conducía era propiedad de un narcotraficante, al que se le adjudicó el suministro de la gasolina de las ambulancias del Servizo Galego de Saúde y del combustible para la calefacción de los hospitales gallegos, cuando Feijóo era secretario general de la Consellería de la Xunta de Galiza
Y, ni se inmutan, como si con ellos no fuera. Es más, afirman que los corruptos son otros y sin piedad se tiran a la yugular de un gobierno legítimo y constitucional, salido de las urnas y respaldado por una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
Utilizan la lawfare contra Begoña Gómez, mujer del Presidente del Gobierno, mediante recortes de falsas noticias aparecidas en tabloides financiados por los gobiernos autonómicos en manos del pandillero Partido Popular, sin importarle que la propia asociación fascista que ha presentado la denuncia admite que la prueba presentada es falsa. Su objetivo es derribar al Gobierno de coalición, lo que ha sido calificado de golpismo por Podemos y, la ministra Durant, ha afirmado que se trata de un golpe de estado. Está claro que el Partido Popular solo acepta las reglas de la democracia cuando gobierna.
Los y las demócratas deben reaccionar en defensa de la democracia y poner fin a esas prácticas que tanto daño hacen a la misma. Para esto es esencial que el PSOE admita de una vez por todas que existe guerra judicial, la que, como ya se le venía advirtiendo, le ha llegado. Ya no vale ponerse de perfil como hizo con aquellos y aquellas que la han sufrido directamente, no solo negándoles apoyo, también aprovechándose de la situación, fabricada con total doblez por falsos medios de comunicación, periodistas y policías corruptos, a lo que han dado trámite algunos jueces y en lo que participa el Partido Popular que, además, altera el orden constitucional bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el que, sin más dilación, debe ser renovado, procediendo a la aprobación de la pertinente Ley en sede del Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía popular.