Hay experiencias que, sin ser especialmente extraordinarias, te dejan noqueado. Algo así me pasó la noche de este viernes cuando entré en las Urgencias del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Un amigo me llamó y me dijo que tenía dolores estomacales desde hace unos días y, aunque había pedido cita al médico de cabecera, la lista de espera era para 15 días. “No puedo más, tío, además estoy asustado, me voy a ir a urgencias”, me contó. Lo acompañé y pasamos la noche en una sala de espera en la que se podía tocar con la mano lo que significa desposeer de la dignidad humana a la gente con menos recursos.
A mi amigo tardaron seis horas, una detrás de otra, con sus segundos y sus minutos, en atenderlo. Se retorcía en una silla de ruedas y sus quejíos se unían a la orquesta de gente llorando, abuelos gimiendo, abuelas tiradas en una camilla a las que se les veía las bragas y las caras de susto de quien cruza la puerta de un hospital sin saber si saldrá con un diagnóstico esperanzador, si tendrá que pasar varios días en planta o si la vida se le va a torcer a partir de este momento.
En una sala de espera uno sabe que se va a encontrar a pacientes y familiares, pero no una treintena de mesas camillas con enfermos graves, muchos de ellos con respiradores, que llevan más de 20 horas esperando a que haya camas libres para ser subidos a planta. Ni que decir que esos pacientes, que llevaban 20 horas esperando una cama libre, no habían probado bocado porque, oficialmente, hasta que no suben a planta no forman parte de los ingresados del hospital.
Una de las cosas que más impresiona de pasar una noche en las urgencias de un hospital público es el origen social de los pacientes. El origen social no está en la cartilla del banco, que también, pero sobre todo está en cómo hablamos, cómo vestimos, cómo nos dirigimos al poder, cómo agachamos la cabeza cuando somos humillados y hasta en el volumen de la voz que gastamos para hablar a los de arriba. Los ricos siempre hablan bajito y pausado porque nunca tienen miedo a dejar de ser escuchados.
La sanidad pública se ha convertido, después de años de recortes, privatizaciones y destrozos, en un gueto de pobres. Y esto, que es un drama, es lo que perseguían quienes comenzaron con los recortes en la sanidad pública andaluza. Duele mucho tener que afirmar que, aunque el PP ha rematado la faena, esta operación de destrucción de lo público empezó con un PSOE que echó en 2015 a IU del Gobierno andaluz para pactar con Ciudadanos y que se decía progresista de cintura para abajo y de derechas en todo lo demás.
Quien más y quien menos ya tiene su seguro privado, al menos para las cosas leves. No me lo invento, así lo dicen los datos que hablan de que la sanidad privada en Andalucía ha batido todos los récords de nuevos asegurados desde que gobierna Moreno Bonilla. Más de un 20% de andaluces ya tiene seguro privado, más de la mitad que hace 5 años, y eso ha sido posible porque el destrozo de la sanidad pública, las listas de espera, el despido de 8.000 sanitarios y la falta de inversión no es otra cosa que una campaña de promoción de la sanidad privada.
Moreno Bonilla no es el presidente de los andaluces, es el comercial de la sanidad privada de Andalucía. El sueldo se lo pagamos los andaluces, pero gobierna para los intereses del lobby de la sanidad privada. La privatización de los servicios públicos es un golpe de Estado a la democracia, porque la democracia es incompatible con la desigualdad, con los guetos y con crear dos colas de acceso, una para ganadores y otra para perdedores.
Durante las seis horas que tardaron en atender a mi amigo, hasta en dos ocasiones tuvieron que venir los vigilantes de seguridad a proteger a dos celadoras a las que dos usuarios, nerviosos por el sufrimiento de sus familiares, intentaron agredir. No estoy justificando ningún tipo de agresión, pero de las agresiones a sanitarios, cada vez más crecientes, son responsables los políticos que recortan y privatizan la sanidad pública, no un paciente o sus familiares impotentes ante el abuso de poder de quienes han decidido que la vida de las personas no vale absolutamente nada. La pregunta que tendríamos que hacernos es de quién se defiende la Junta de Andalucía que tiene que contratar a vigilantes de seguridad para ponerlos en las salas de espera.
Cuando a las 3 de la madrugada ya, por fin, mi amigo entra en consulta, la médica nos cuenta que está extasiada, que no puede más, que lleva trabajando sin parar desde las 8 de la mañana, que ni siquiera ha podido parar para comer y que ya no sabe ni lo que receta. De hecho, nos deja solos en la consulta porque se ausenta unos minutos para ir al baño. Por supuesto, es una médica residente, una estudiante en prácticas a la que le hacen contratos por meses, días y semanas y tiene un sueldo base de poco más de 1.000 euros.
A pesar del maltrato que recibe por parte de la Junta de Andalucía y de llevar 17 horas trabajando, sin parar, atiende a mi amigo de forma brillante. Si la sanidad pública aún está de pie es por la gran vocación de sus profesionales, aunque el truco de Moreno Bonilla está en hacer creer a los usuarios que los sanitarios son unos zánganos y los responsables de que la sanidad pública andaluza haya descendido a los infiernos en sólo tres años y medio.
Lo que mejor sabe hacer la derecha es impulsar a los abusones de patio de colegio, aquellos valientes que en el recreo le quitaban el bocadillo al alumno más débil, en lugar de atreverse con el más fuerte de la clase. La manipulación de Canal Sur, convertida en un Guantánamo informativo –como dijo la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, sobre Canal Nou en un debate electoral en 2011-, tiene como principal función fomentar que los abusones de patio de colegio se encaren con una pobre celadora, que lleva 10 horas moviendo camillas, antes que con el presidente de la Junta de Andalucía que le ha regalado 400 millones en privilegios fiscales al 1% de los andaluces más ricos.
Mientras las salas de espera de los hospitales públicos son una novela de Dickens, el presidente de la Junta de Andalucía lee en sus argumentarios que los recortes en la sanidad pública se deben a que no tiene dinero, aunque ha recibido del Gobierno de España y de la UE más de 10.000 millones de euros en los dos últimos años y presume de tener 2.000 millones de euros guardados en el banco que no sabe en qué gastar.
Moreno Bonilla, no obstante, cuenta con la ayuda de unos medios de comunicación, privados y públicos, que han recibido millones de euros para que, en lugar de contar la realidad, inventen una nueva en la que desaparezca la vida real de los andaluces y andaluzas. Privatizar es un acto administrativo, legalizado, pero política y éticamente es un delito. Es robar, porque significa desposeer al pueblo de su patrimonio y seguridad en beneficio de piratas que se hacen de oro con el sufrimiento humano, valiéndose de sus contactos con la administración, cuando no directamente son familiares de los políticos que privatizan. Este relato no saldrá en Canal Sur porque su función es inventar la realidad, no contarla.
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