Las tres claves para limitar los pisos turísticos en Sevilla y el 'optimismo' tras la sentencia del TSJA

El gobierno local se apresura a recordar que aún no puede limitar las nuevas licencias, competencia de la Junta: "La sentencia del TSJA es un paso más pero aún queda mucho por hacer"

pablo fernandez quintanilla 0002 4 1000x574 (1)

Licenciado en Periodismo y Máster en Comunicación Institucional y Política por la Universidad de Sevilla. Comencé mi trayectoria periodística en cabeceras de Grupo Joly y he trabajado como responsable de contenidos y redes sociales en un departamento de marketing antes de volver a la prensa digital en lavozdelsur.es.

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, con Juanma Moreno, que prometió un decreto de la Junta sobre pisos turísticos.
José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, con Juanma Moreno, que prometió un decreto de la Junta sobre pisos turísticos.

El actual Ayuntamiento de Sevilla que dirige José Luis Sanz se parece en algunas cosas a los de Juan Espadas y Antonio Muñoz. Una de ella es que los tres alcaldes de los dos últimos años han reconocido el evidente problema del alquiler en la ciudad. Vivir en el casco histórico, dentro del recinto rodeado de las murallas, y en algunos otros barrios como Triana, Nervión o partes de La Macarena, está entre difícil e imposible salvo para quienes tienen salarios altos. Cada vez son más las familias que se van al Aljarafe y a cualquier localidad con buena conexión de Metro o Cercanías. La razón primera es clara: la proliferación de pisos turísticos.

Ante ese panorama, el alquiler no se ha puesto del todo prohibitivo pero sí muy inflado en el resto de la ciudad, donde no existen tantas viviendas turísticas. Al desplazarse los alquileres de sevillanos a esos otros barrios, por oferta y demanda cada año siguen aumentando los precios. Al menos, la limitación a nivel estatal de la renovación máxima a imponer de un 2% contiene un poco el precio para quienes se mantienen en la misma vivienda. 

El gobierno local en 2022 aprobó, como se sabe, una reforma del PGOU que implicaba tratar a esas viviendas turísticas como negocio y no como una simple propiedad inmobiliaria. El TSJA ha sentenciado esta semana que esa reforma municipal no es ilegal y, por tanto, el Ayuntamiento tiene facultades para tratar fiscalmente de forma diferente los pisos turísticos. Pero una confusión tras un titular de un medio muy consultado en la ciudad obligó al Ayuntamiento a lanzar una nota de prensa en pleno puente.

La cuestión es que esa sentencia dictada por el TSJA no entra en el asunto clave: ¿puede impedir el Ayuntamiento de Sevilla la proliferación de viviendas turísticas? No. Eso dice el gobierno local, al menos. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, explicó: "La sentencia del TSJA es un paso más pero aún queda mucho por hacer y desde el Ayuntamiento estamos preparados para, desde el momento, en el que se apruebe el Decreto de la Junta de Andalucía, empezar a limitar las licencias y controlar estos alojamientos".

De forma más resumida: "Esta sentencia no posibilita que podamos controlar las viviendas con fines turísticos". Así, el delegado de Urbanismo contradecía el titular de ABC, una casa a la que esta semana acudía el alcalde, José Luis Sanz, a un acto. Así, el regidor enmendaba al gran periódico conservador de Sevilla y, además, sigue reclamando a través de su gobierno medidas de la Junta de Andalucía. Porque una de las grandes promesas de campaña del dirigente popular fue la regulación de pisos turísticos.

Esta sentencia es, entonces, el primero de los tres grandes pasos que quedan para esa regulación. El siguiente es una sentencia del TSJA que sí entre directamente sobre la normativa que facultaría al Ayuntamiento un mayor margen para limitar los pisos turísticos. Una reforma aprobada por el PSOE, pero enviada al alto tribunal andaluz por la Junta, al entender ésta que invadía sus competencias. Si bien el Gobierno de Juanma Moreno tomó esta postura contra el equipo del mandato de Espadas/Muñoz, en paralelo a paralizar la norma con la denuncia ante el TSJA reconoció que era necesario un decreto para dar poder a los ayuntamientos.

Y ese será el tercer gran momento para suspender licencias de viviendas turísticas. La Junta no está siendo especialmente rápida a la hora de dar poder a los ayuntamientos ante la proliferación de pisos turísticos. Un año lleva, teóricamente, esta regulación, que si bien es compleja, tampoco es prioridad, como demuestra el calendario. 

La esperanza para el Ayuntamiento de Sevilla es que el mismo magistrado que ha dado la razón al Consistorio es el que juzgará la denuncia de la Junta. Y en esta primera sentencia de esta semana, ha dicho claramente que regular los pisos turísticos "obedece a fines legítimos de estructuración urbanística y de servicio a los intereses generales de los ciudadanos", según la sentencia a la que tuvo acceso ABC. Por ello, hay margen para el optimismo, porque si está "sobradamente motivado" para esta sentencia, podría estarlo también para otra futura sentencia que sería favorable al Ayuntamiento frente a la Junta.

En cualquier caso, cada supuesto es diferente y el derecho administrativo es por definición enmarañado. Y sea lo que sea lo que decide el TSJA, si la Junta elabora un paraguas mayor, ese decreto será el importante para toda Andalucía y para su capital, muy tensionada con el alquiler turístico a niveles comparables con Málaga o las localidades de costa.

Por ahora, el Ayuntamiento ha tenido cierto juego de dobles perfiles. Por un lado, no ha tardado en enmendar a ABC, pero por otro, aseguró hace unas semanas que aplazaba la decisión sobre el derribo de unos pisos junto a la Maestranza, en el Paseo Colón, para luego reconocer que tenía poco margen. Ese derribo contiene un proyecto de construcción de pisos turísticos donde ahora se ubica un tablao flamenco dirigido principalmente a turistas extranjeros. Además, prometió Sanz en campaña no dar más licencias, pero ahora dice que por ley no puede impedirlo, y de hecho las ha seguido concediendo los pasados seis meses.

El alcalde tiene un plan y una mesa para sentarse con el sector y los vecinos, y promete aumentar la vigilancia, iniciar procedimientos de ruidos a través de Policía Local y demás hasta que no pueda directamente impedir las nuevas viviendas.

Sea como sea, al menos, esta sentencia ya da margen para aumentar los tributos de estas viviendas, algo que, según teoría económica, acabaría 'desincentivando' a los propietarios, que podrían ver con mejores ojos en el futuro devolver la vivienda al mercado tradicional de alquiler. 

Otra cosa es si, en el fondo, los gobiernos locales, no solo el de Sevilla, tienen verdaderamente ganas de regular estos pisos, si quieren limitarlos. Porque el aumento del precio del suelo, como ocurrió en la burbuja inmobiliaria, a través de la compraventa, acaba siendo un flujo de dinero para las arcas municipales. Compraventas que también han aumentado en precio en barrios de turismo, lógicamente, al prometerse a los compradores una inversión ganadora. Además, hay negocios que se han estructurado en Sevilla alrededor del turismo de pisos. Transporte, cafeterías, pubs, suvenires y hasta locales reconvertidos en taquillas para dejar las maletas unas horas. ¿Quién se atreve a pinchar el negocio?

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