Recientemente, el pleno del Congreso ha aprobado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un acuerdo, que entrará previsiblemente en vigor en marzo de 2025 con una vigencia de cinco años y un aumento presupuestario del 50%, que llegará a los 1.500 millones durante su vigencia. El nuevo Pacto cuenta con 461 medidas, con novedades y actualización de las del Pacto de 2017-2022.
En el actual contexto político marcado por la confrontación y la deslealtad institucional, este acuerdo representa un importante logro, porque es fruto del consenso entre fuerzas políticas de distinta ideología en una materia fundamental: la protección de las mujeres y niñas contra la violencia machista, una cuestión de Estado que versa sobre los derechos humanos de la mitad de la población, ajena a ideologías o intereses partidistas; salvo Vox, que votó en contra de las medidas a favor de la igualdad, la justicia y la democracia.
Nuevas formas de violencia reconocidas
Una de las novedades más relevantes de este Pacto es el reconocimiento explícito de otras formas de violencia machista que, hasta ahora, no estaban contempladas en la normativa; si bien, hay que lamentar que no se incluyera la violencia obstétrica e institucional, debido a la falta de consenso.
Violencia económica
El Pacto reconoce formalmente la violencia económica, como una manifestación específica de violencia machista, que busca limitar la independencia económica de las mujeres y constituye uno de los principales obstáculos para que las víctimas puedan romper el círculo de maltrato. Asimismo, contempla añadir al delito de impago de pensiones una modalidad agravada que tenga en cuenta la situación económica en la que queda la víctima.
Violencia vicaria
El Pacto incluye la violencia vicaria, que en su manifestación más extrema supone el asesinato de los hijos e hijas a fin de causar un daño irreparable a la madre. Entre las medidas previstas, se incluye el reconocimiento como víctimas de violencia de género a los menores que sufren violencia vicaria tras la ruptura de la convivencia familiar.
Además, se garantizará una formación especializada para los profesionales que tengan contacto habitual con niños, niñas y adolescentes víctimas, y se mejorarán los sistemas de valoración del riesgo para adaptarlos a las víctimas menores de edad, mejorando los protocolos educativos y sanitarios de detección precoz; así como también promoviendo mecanismos seguros para que los menores puedan denunciar situaciones de violencia.
Violencia digital
El texto reconoce la violencia digital como "todo acto de violencia contra las mujeres cometido con la asistencia, en parte o en su totalidad, del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones". Este reconocimiento responde a la creciente utilización de medios digitales como instrumentos de acoso, control y violencia contra las mujeres. También se recoge sancionar a quienes, sin consentimiento, publiquen o difundan fotos modificadas con inteligencia artificial, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias.
Atención a mujeres en entornos rurales y con discapacidad
El Pacto presta especial atención a las mujeres que viven en ámbitos rurales, reconociendo las dificultades específicas que pueden enfrentar al denunciar situaciones de violencia. También se reforzarán las campañas de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres en este ámbito, atendiendo a la mayor incidencia de este fenómeno en dicho entorno.
El Pacto expresa sucompromiso con la accesibilidad universal y mejora la atención a víctimas con discapacidaden los procedimientos judiciales, y también la adaptación de información en formatos accesibles como lectura fácil, lengua de signos y braille.
Ley contra la trata y explotación de seres humanos
A raíz de este Pacto, se prevé la aprobación de la ley contra la trata y explotación de seres humanos, que establecerá mecanismos adecuados para la prevención, la persecución de oficio del delito y la protección de las víctimas. Esta ley abordará una realidad que afecta principalmente a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas extranjeras, que son captadas mediante engaño y posteriormente explotadas sexualmente.
Reforma del Sistema VioGén
El Pacto introduce importantes novedades en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). Entre los cambios más significativos destaca la eliminación del nivel de riesgo "No Apreciado", quedando establecidos cuatro niveles: Bajo, Medio, Alto y Extremo. Esta modificación busca evitar situaciones de desprotección derivadas de una incorrecta valoración del riesgo.
Además, el nuevo modelo incluye un apartado específico sobre medidas de protección ante la presencia de menores que conviven en el hogar y recoge la necesidad de adoptar estrategias específicas para estos casos.
El acuerdo contempla un refuerzo significativo en recursos humanos, con un incremento del 25% de efectivos policiales especializados en la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) y en el equipo VioGén. En el ámbito judicial, se establece la obligatoriedad de formación especializada y evaluable para las autoridades judiciales, fiscales y personal judicial, de acuerdo con los estándares del Convenio de Estambul y las recomendaciones del Grevio (Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres).
Reformas legales para minimizar el riesgo de impunidad y mejorar la coordinación entre servicios sociales, sanitarios y judiciales
Las reformas penales son particularmente significativas: se eliminarán las atenuantes de confesión y reparación del daño en casos de violencia machista, se implementará la acumulación procesal para que todos los procedimientos relativos a una misma víctima sean enjuiciados por un único órgano judicial, y se facultará a los jueces para dictar nuevas órdenes de protección inmediatas ante quebrantamientos, sin necesidad de una nueva evaluación de riesgo. Además, se ampliarán los criterios de valoración de riesgo para incluir indicadores como el consumo de sustancias por parte del agresor, antecedentes de conductas violentas y el aislamiento social de la víctima.
El Pacto establece un conjunto integral de 23 medidas específicas para el sistema sanitario, reconociendo su papel fundamental como puerta de entrada para la detección y protección de las víctimas. Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, se implementará en todos los centros sanitarios el protocolo común de actuación sanitaria contra la violencia de género, con herramientas estandarizadas de cribado para la detección precoz.
El acuerdo también garantiza atención psicológica especializada para menores huérfanos por violencia machista mediante la creación de unidades específicas en cada Comunidad Autónoma, con profesionales especializados en trauma.
Aumento de la dotación presupuestaria y necesidad de mayor control
El Pacto establece un sólido respaldo financiero, incrementando en un 50% la asignación presupuestaria hasta 1.500 millones de euros durante su quinquenio de vigencia. La distribución de estos recursos contempla 160 millones anuales para las Comunidades Autónomas. Asimismo, se implementarán mecanismos para garantizar la transparencia y seguimiento en la utilización de estos fondos.
En 2022, el coste económico derivado de la violencia de género y sexual en España alcanzó los casi cinco mil millones de euros, lo que representa el 0,37% del PIB nacional. Este dato evidencia el impacto financiero de esta problemática, y pone de manifiesto el fiasco de su gestión. En su versión de (2017-2022) se dotó de un presupuesto de 1.000 millones de euros, a los que se sumaron 40 millones para los Ayuntamientos en 2023; y en 2024, 160 millones de euros adicionales para las Comunidades Autónomas, sin que se hubiera cumplido el deber legal de rendir las cuentas debidas de la gestión de estos fondos millonarios, del que sigue pendiente una auditoria integral sobre los fondos.
Con la renovación del Pacto se abre una oportunidad más para avanzar hacia el objeto de erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, es nuestro derecho fundamental más básico. 1.295 mujeres asesinadas desde que se llevan registros oficiales son nuestra mayor vergüenza como sociedad.