Hace más de tres años que en Andalucía asistimos al progresivo abandono y orillamiento de la Cultura. Y aunque era algo que sabíamos desde el momento en el que el actual Consejero de la Presidencia, Elias Bendodo, anunció aquellas auditorías con las que pretendía justificar su campaña de acoso y derribo a la gestión que hasta la llegada de los populares al gobierno se había estado haciendo desde la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. No ha sido hasta los últimos meses cuando, los actuales responsables políticos, se han quitado definitivamente la careta para emprender una campaña de desmantelamiento de la Cultura.
Por seguir un orden cronológico podríamos convenir que todo comenzó cuando las tan anunciadas auditorias no arrojaron los resultados que esperaban. Fue en ese mismo momento cuando los populares decidieron poner en marcha su devastadora maquinaria de manipulación mediática para justificar ante la opinión pública la extinción de toda una serie de instituciones y departamentos fundamentales para la Cultura en Andalucía. De hecho comenzaron por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y la campaña de desprestigio que sobre dicha institución comenzó en el mismo momento que la UTE formada por Novotec y Cremades & Calvo, encargada de realizar dicha tarea, filtró una interesada interpretación de los datos y conclusiones obtenidos acerca del trabajo y funciones que realizaban sus 111 empleados.
Unos hechos que encontraron la rápida y contundente respuesta del comité de empresa del IAPH en la voz de su presidenta, Myriam Olmedo, al salir al paso con unas declaraciones en las que sostenía que “en los últimos días se han publicado datos falsos acerca del trabajo y los trabajadores del IAPH con la única intención de desprestigiar a una institución cuyo prestigio nacional e internacional en el sector es ampliamente reconocido”. De hecho la propia Consejera de Cultura, Patricia del Pozo, tuvo que salir, días después, al paso. Concretamente el 1 de septiembre de 2021 defendía en comparecencia ante los medios de comunicación “el altísimo nivel de cualificación de una plantilla cuyo grado de excelencia y prestigio nadie puede poner en duda”. Aquella no sería ni la primera ni la última vez que la actual consejera de cultura tendría que salir a sofocar un incendio. De hecho todo comenzó con el nombramiento y posterior renuncia de Fernando Francés como director de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y Secretario General de Innovación Cultural y Museos. Y lo hacía con la publicación de una carta en la que dejaba claro que las razones por las que abandonaba el puesto obedecían a que “los criterios basados en el conocimiento del sector, la selección por la calidad, la ausencia absoluta de sectarismo político y el pragmatismo en la gestión, no habían sido comprendidos ni aceptados por los responsables de dicha consejería”.
Ya que la salida de Francés guardaba una muy estrecha relación con el polémico concurso para nombrar al nuevo director del Instituto Andaluz del Flamenco. Buque insignia de la Consejería de Cultura al ser la institución responsable de velar por el desarrollo y salvaguarda de la manifestación cultural más singular y representativa de nuestra cultura. Un concurso que desde el principio despertó las sospechas de propios y extraños al circular el rumor de que la convocatoria estaba hecha a medida para colocar en el cargo a Cristobal Ortega. De hecho durante aquellas semanas corrieron ríos de tinta, basados en rumores y filtraciones que se interrumpieron al hacerse público que el nuevo director del IAF sería Ricardo Pachón. Si bien, unos meses después volverían a tomar fuerza ante la destitución de Pachón y la convocatoria de un nuevo concurso, en el que ahora sí, quedaría como único candidato a hacerse con la dirección del ente autonómico, el ínclito Ortega Martos.
Quien nada más tomar posesión del cargo se ha encontrado con otro incendio surgido a consecuencia de la publicación del borrador de la “Ley del Flamenco de Andalucía”. Ya que después de dos años de pandemia sanitaria que ha mantenido paralizada la actividad y la economía de cientos de familias. Sin soluciones concretas ni presupuesto con el que poder dotar toda una serie de medidas extraordinarias, tan demandabas como esperadas por el sector. A los responsables del Instituto del Flamenco y de la Consejería de Cultura no se les ha ocurrido una idea más absurda y peregrina que salir al paso de la crítica situación vendiendo humo con el borrador de una Ley tan absurda e inútil como innecesaria. Ante la que no se han hecho esperar todo tipo de críticas desde los más diversos frentes: peñas, tejido empresarial y asociaciones de artistas que han presentado toda una serie de alegaciones, en respuesta ante la total falta de contenido y el despotismo con el que ha sido elaborada al no contar con los creadores e interpretes de dicho arte, actores principales y protagonistas fundamentales del presente, del pasado y del futuro del Flamenco.
Algo muy parecido a lo que actualmente está ocurriendo con el departamento audiovisual de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en el que ahora parecen haber puesto el foco los responsables autonómicos. Ya que al descabezamiento del Centro Andaluz de Fotografía con sede, hasta fechas recientes, en Almería. Ahora habrá que sumarle el escándalo que ha supuesto la convocatoria para cubrir la Dirección de Artes Visuales de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Un puesto para el que se convocó hace año y medio un concurso público que al no terminar de resolverse y ante la sospecha de alguno de los aspirantes fue denunciado ante los tribunales y congelada la plaza por orden del juez que instruye la causa. Sin embargo, los responsables de Cultura han vuelto a convocar la plaza limitándola en esta ocasión a personal de la propia Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y quedando únicamente una candidata en disposición de hacerse con dicha plaza. Unos hechos que guardan un estrecho paralelismo con lo ocurrido en el IAF con Ricardo Pachón y Ortega Martos y por consiguiente con las causas de la renuncia de Fernando Francés a la dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
Sin embargo, los actuales responsables autonómicos en cultura parece que no satisfechos con todo lo expuesto, ahora han decidido eliminar, también, el apartado de documentales de creación del borrador de la Orden de Ayudas a la Producción Audiovisual de la Consejería de Cultura de la Junta, para la que además habían dejado un más que reducido, y muy sospechoso, periodo de alegaciones. Hecho que no ha tardado en encontrar una unánime y contundente respuesta, tanto en medios de comunicación, como en redes sociales, por parte del sector audiovisual andaluz. Y como al perro flaco todo se le hacen pulgas, a lo anteriormente expuesto habría que sumarle la reciente decisión de la RTVA de eliminar de un plumazo, el programa de contenido cultural Al Sur después de 27 años de emisión y 1.090 programas, que permitieron dar visibilidad a nuestra cultura y a los creadores y artistas de Andalucía para los que ha sido su principal ventana al mundo desde el canal autonómico.
Así que con unas elecciones anticipadas a la vuelta de la esquina, el desolador escenario en el que el actual gobierno ha convertido una de las más importantes e históricas señas de identidad de Andalucía obliga a un sector fuertemente castigado a volver a movilizarse para denunciar desde el talento y la inteligencia el feroz ataque y empobrecimiento que desde las instituciones estamos sufriendo. Materializado en el retroceso al que como pueblo, cultura y sociedad parecen empeñados en condenarnos.
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