En noviembre de 2020, un nuevo acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Senegal entró en vigor. El mismo año 2020, se calcula que 22.000 personas llegaron a las costas canarias, muchas de ellas de origen senegalés y de ciudades pesqueras. En enero de 2021, 176 senegaleses se ponían en huelga de hambre después de tres meses encerrados en las Islas Canarias, el particular Lesbos español en el Atlántico. La reivindicación de los huelguistas: entrar en territorio peninsular para poder reunirse con sus familiares y dar así continuidad a sus proyectos migratorios. La misión autoimpuesta del gobierno de España: impedir a toda costa que estas personas lleguen al continente. El 22 de noviembre, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ya había firmado el pacto para repatriar a todo senegalés y senegalesa que llegase a las Islas Canarias.
Dicho en plata, se imposibilita la vida en origen y se impide la continuidad de la vida fuera. Sin duda, el nuevo acuerdo de pesca entre la UE y Senegal no hace sino acrecentar la miseria ya instalada a raíz de acuerdos anteriores, unos acuerdos que el estado senegalés dejó de firmar en 2006 –y que retomaría en 2014- ante la evidencia de que se hacía en un contexto de escasez de especies y no de stock excedentario, como se defendía desde la UE. Los pescadores locales sí lo tenían muy claro, y así lo denunciaron desde sus diversas organizaciones.
En Senegal, miles de familias dedicadas a la pesca han visto cómo, en solo unas décadas, se las ha condenado a la miseria haciendo desaparecer su medio de vida. Las mujeres denuncian esta situación y alzan la voz contra este nuevo acuerdo pesquero que “nos roba nuestra autonomía”, afirman, pues son ellas las que gestionan la venta y transforman el pescado. Sin embargo, Europa se sigue autoproclamando faro en los derechos de las mujeres… Que no nos engañen más: quienes se ven obligados a huir de su tierra y a alejarse de su gente no persiguen el Dorado europeo –esto ya no se lo cree nadie-, lo que persiguen es corresponder con sus mayores, tratar de paliar la difícil situación en la que se encuentran sus familias debido, en parte, a la firma de estos acuerdos comerciales.
Ni Europa es el Dorado, ni salir en patera o cayuco es –como se ha afirmado incluso en literatura académica- un rito de paso. En Senegal, se han convocado en los últimos meses movilizaciones, con un seguimiento masivo, en memoria de tantas y tantas vidas perdidas tratando de alcanzar las costas europeas. Denunciaban el silencio del estado senegalés ante todas estas muertes y exigían (y exigen) la cancelación o renegociación de los acuerdos de pesca. Porque no son realidades independientes los acuerdos comerciales y las migraciones forzosas. Unas son causa y otras consecuencia.
Ya lo oí decir en una ocasión al economista egipcio Samir Amín: es la guerra del Norte contra el Sur. Una guerra por acaparar los mal denominados recursos naturales pero que no es percibida como tal por estar envuelta en el buenista y solidario discurso del desarrollo.
El proyecto económico (no hay otro) de la UE es ecocida -provoca la incesante extinción de especies, como se confirma en la explotación insostenible del medio marino-, y genocida, al provocar la ruina y la muerte de gran parte de la población atentando contra su soberanía alimentaria. Y es a este proyecto al que responden las políticas migratorias europeas que, ya lo decía Javier de Lucas en su artículo “El Mediterráneo: la frontera más peligrosa”, son políticas que tienen por objetivo dificultar que quienes necesitan la protección internacional puedan llegar a presentarla y asegurar que solo lleguen los inmigrantes que exige nuestro mercado de trabajo y solo mientras su presencia incremente la cuenta de beneficios. ¿De verdad queremos seguir formando parte de este proyecto?
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