El 25 de diciembre de 1989, el periodista Miguel Ángel Nieto aparecía en la pantalla de los hogares españoles en la que sería la primera emisión de Antena 3 Televisión. Un hito histórico de la comunicación de masas en España: la primera televisión privada echaba a andar en nuestro país. "Independiente, gratuita, familiar, nuestra y española". Así la definía Nieto y destacaba como el mejor valor de todos su carácter de empresa privada. Entendía lo privado como un bálsamo, como un antídoto que venía a protegernos del conocido virus de la manipulación. Como casi siempre en la vida, para entender adónde íbamos es preciso tener bien presente de dónde veníamos. El aparato mediático franquista se había terminado de desarticular hacía unos pocos años y el control de los medios por la dictadura había impedido el desarrollo de un periodismo libre. Nadando en aquellos lodos, es comprensible que la llegada de la primera televisión controlada por inversores privados resultara alentadora.
Hace algo más de tres décadas se podían poner pocos peros a quienes veían en los medios privados una esperanza de progresismo, de libertad y de independencia informativa. Veníamos de los negros calabozos del franquismo, de las censuras múltiples y del periodismo amordazado y ametrallado. Ante aquel horror, desvincular los medios del control político era una irrenunciable vía de progreso. Lo que ya no forma parte del mismo discurso visible es que con aquella estructura mediática naciente venía también el abrazo a la economía de mercado, la desregulación del sector mediático y la entrada de todo tipo de capital —y todo tipo de intereses— en los consejos de administración de los púlpitos catódicos. Y así hasta 2023, cuando las docenas de canales a nuestra disposición se concentran en muy pocas manos, poniendo en serio riesgo la pluralidad de los discursos que llegan hasta nuestras pequeñas pantallas y manufacturan la opinión pública.
La desconfianza en los medios públicos era más que comprensible en 1989, pero, por lo visto, 2023 no es un contexto mucho mejor para algunos. Es inédito en España que el único cara a cara de las elecciones generales se produzca en un grupo privado de televisión: Atresmedia. Hasta la fecha, en la historia democrática de nuestro país, la corporación pública ha organizado numerosos debates o ha participado en los gestionados por la Academia de Televisión. De hecho, lo más habitual es que sean celebrados en el ente público y que la señal se comparta con otros canales privados. El candidato del Partido Popular se niega a que el debate con el actual presidente se dé en TVE porque no se fía de la neutralidad del medio estatal. De hecho, el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, ha remitido un email a la presidenta de RTVE en el que acusa al jefe de informativos del ente público de «ser parte de la estrategia de campaña del PSOE».
Cuando el principal partido de la oposición cuestiona el papel de un medio público pone en tela de juicio la profesionalidad de sus periodistas, de sus editores o de su consejo de redacción. Pero la cosa va aún más allá: cuando quienes pueden gobernar deslegitiman la razón de ser de los medios públicos, debemos temer lo que serán capaces de hacer con ellos si llegan al poder. Aviso a navegantes.
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