La privatización de servicios públicos andaluces está generando graves perjuicios a la economía real andaluza, cuando es la que impulsa el crecimiento y desarrollo de la sociedad al generar empleo, riqueza y bienes necesarios para el bienestar general de las personas.
La privatización implica la sustitución de empleos con condiciones laborales estables por empleo privado más precario, con salarios más bajos y menos derechos laborales. Destruye el empleo indirecto y se reducen “costes” externalizando servicios como el de la limpieza, mantenimiento y suministros, de lo que, se resienten las empresas andaluzas, sus trabajadores y trabajadoras al generar una deslocalización del empleo por la actividad empresarial extractiva que gestiona servicios públicos, pues prioriza proveedores y recursos humanos de fuera de Andalucía, perjudicando así, sobremanera, la economía local, dando a lugar a un incremento de las desigualdades y a un acceso disímil a los servicios esenciales.
La lógica del modelo empresarial que desarrolla el gobierno de Moreno Bonilla, basado en la macroeconomía y las grandes corporaciones, a las que adjudica directamente contratos públicos, es priorizar la rentabilidad y limitar la entrada de la población con menos recursos a servicios como la sanidad o la educación, especialmente en zonas rurales, lo que deteriora la equidad territorial, aumentando así las desigualdades entre provincias andaluzas, habida cuenta que núcleos de población considerados no rentables por el sistema quedan desatendidos, por ejemplo, en el año 2024, en Andalucía, se cerraron un total de 706 aulas, así como, centros sanitarios durante las tardes, se infrafinanció a las Universidades Públicas andaluzas y, se redujeron, aproximadamente, 2.500 camas hospitalarias.
Una consecuencia directa de la gestión privada de servicios púbicos es el aumento de los costes para las familias que se ven obligadas a soportar un incremento en los precios para cubrir beneficios empresariales, lo que impacta directa y negativamente en el poder adquisitivo de los hogares andaluces. Esto se refleja en la educación concertada, donde las familias enfrentan costes adicionales como uniformes, materiales, cuotas o actividades extracurriculares.
Al priorizar el beneficio sobre la calidad, la gestión privada aplica criterios mercantilistas de reducción de personal, empleando materiales de menor calidad para maximizar beneficios a costa del deterioro de la prestación de los servicios públicos. La privatización reduce el control democrático y la capacidad de las administraciones públicas para garantizar estándares de calidad y adaptarse a las necesidades locales, pues la gestión privada se centra en cumplir contratos y no en objetivos sociales.
Esa política privatizadora de los servicios públicos andaluces obtiene como resultado directo la pérdida de riqueza local por la salida de beneficios fuera de Andalucía, pues, las grandes empresas privadas que operan en sectores privatizados son extractivas de los recursos andaluces y sus plusvalías, sus sedes están fuera de nuestra nacionalidad histórica y los beneficios generados no se reinvierten en la economía local, provocando el debilitamiento de la economía social y desplazando a cooperativas y pequeñas empresas locales, mucho más comprometidas con la comunidad, apagando, así, modelos económicos solidarios y sostenibles.
La menor inversión pública hace que las administraciones públicas andaluzas pierdan capacidades propias para gestionar servicios esenciales, haciéndose dependientes del sector privado y este, a cambio, abre la puerta giratoria a cargos públicos como pago al servicio prestado, lo que es habitual en el PP y en el PSOE. Por otro lado, se desincentiva la inversión en innovación al operar con objetivos de corto plazo, cuando aquella lo que necesita es una infraestructura que beneficie a largo plazo a la sociedad y eso, desde la perspectiva privada, no genera negocio.
La privatización de los servicios públicos andaluces quiere una "sociedad de dos velocidades", donde, quienes puedan permitírselo acceden a determinados servicios gracias al traspaso público al sector privado, mientras que el resto queda relegado a servicios mínimos o de peor calidad. Esa es la finalidad de la política bipartidista en Andalucía, esto es, desarrollar la percepción de que los servicios básicos no son un derecho universal, sino, bienes de mercado, quedando así reducida la capacidad redistributiva y la pérdida del sistema compensador que es innato a los servicios públicos que tienen, per se, un efecto redistributivo, ya que, garantizan derechos esenciales independientemente del nivel de ingresos. La privatización reduce esa capacidad, afectando especialmente a los colectivos más vulnerables.
Pero, también, se obtiene un impacto fiscal negativo. Las grandes empresas privadas no solo extraen nuestros recursos y plusvalías, consiguen, incentivos fiscales, mientras que los ingresos públicos derivados de estos servicios disminuyen. Esto anula la capacidad de inversión de las administraciones públicas andaluzas.
La privatización de servicios públicos en Andalucía agrava las desigualdades sociales y territoriales, precariza el empleo, encarece los servicios para las familias y debilita la economía local. Además, a largo plazo, reduce la capacidad del sector público para actuar como motor económico y protector de los derechos sociales.
Comentarios