Una democracia para que se mantenga, en general, sana, fuerte, debe tener herramientas ágiles, eficaces y eficientes para combatir la corrupción política, aplicando el merecido castigo penal y civil a aquellos que, utilizando su paso por la institución de que se trate, aprovechan para lucrarse a nivel personal, favorecer a empresas amigas, puerta giratoria y financiar a la formación política a la que pertenecen.
Hay que partir de la premisa de que la corrupción no la ha inventado el PP ni el PSOE. Tampoco la inventó el dictador Franco, ya venía de antes. Les precede y sobrevive a todos ellos la dinastía borbónica, cuya fortuna a lo largo de los siglos se ha obtenido a base de esclavizar, robar y traicionar a la patria y pueblos que tanto aman. Son casos paradigmáticos, Fernando VII “El Felón”, María Cristina de Borbón y Borbón, Alfonso XIII “El Africano” y Juan Carlos I “El Bonachón”. Lo que sí hizo el franquismo fue institucionalizar la corrupción y hacerla sistémica para certificar la debida lealtad y continuidad del régimen patibulario del militar golpista. Empresas que hoy conocemos como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Ferrovial, OHL o, bancos como BBVA, Santander, colaboraron con la tiranía fascista que eliminó la democracia, los derechos humanos e impidió la modernización económica y social de España. Todos ellos obtuvieron grandes beneficios, a unos les fueron adjudicadas concesiones y contratos públicos del Estado. Y, a otros, se les permitió controlar casi el 80% del mercado bancario español (depósitos y sucursales). La corrupción estaba normalizada. Era dirigida por los ministros y cargos de Franco y este mismo. Participaban en la misma, generales del ejército, alcaldes, concejales y empresarios en general (estraperlo). Para completar la obra era imprescindible asegurar la impunidad con jueces fieles y medios de comunicación afines como ABC y La Vanguardia, que difundían la propaganda del régimen dictatorial. Así era la España sin democracia, el fraude como forma de vida y negocio y el abuso de poder, como sistema de gobierno.
Llegamos al 15 de octubre de 1977, fecha en que se formalizó el pacto que se conoce como “transición democrática” en el que participaron PSOE y PCE, por supuesto, la franquista Alianza Popular, hoy, PP. Dicho acuerdo, dejó intacta la estructura corrupta del régimen dictatorial en las instituciones. Se mantuvo la misma ordenación judicial y el Tribunal de Orden Público pasó de un día para otro de ser un tribunal especial de represión franquista a ser la Audiencia Nacional, en la que se mantuvieron la mayoría de los jueces de la dictadura y el resto pasó al Tribunal Supremo. Todas aquellas empresas, bancos y empresarios abrazaron dicho pacto, lo que les permitió seguir disfrutando de sus privilegios y se convirtieron, además, en puertas giratorias de políticos y políticas del PSOE, PP, PNV.
Con esas mimbres es muy difícil acabar con el cesto de la corrupción política, porque se trata de desmontar el franquismo vigente en las instituciones de la Administración Pública del Estado, también en las Comunidades Autónomas. Es necesario tener una firme voluntad política para desmantelar la filtración franquista en nuestra democracia y ese brio, per se, no lo tiene el PSOE que de forma timorata sigue pensando que es útil al pacto del 78, cuando la realidad es bien otra, habida cuenta que la parte franquista de la alianza ha dejado de considerar rentable al PSOE y ha visto la oportunidad para herirlo políticamente de muerte por la presunta implicación en la corrupción de algunos de sus miembros. El objetivo es limitar la democracia y acabar con derechos conseguidos y el PP, heredero del franquismo y corrupto por naturaleza, es el medio para conseguir dicho fin mediante lawfare, que ya se puso en marcha para acabar con Podemos que contó con la cooperación del PSOE y la progresía mediática, que airearon y quisieron aprovechar políticamente las mentiras y las treinta causas penales prospectivas abiertas, falsas y finalmente archivadas, si bien, el partido de la rosa no está en la misma situación de limpieza, integridad y transparencia.
Por tanto, es imprescindible sanear la democracia y para ello es necesario acabar con el reparto bipartidista en la judicatura; sancionar a los jueces corruptos, democratizar el acceso a la carrera judicial mediante un sistema de concurso entre abogados y abogadas con al menos cinco años de experiencia y un sistema obligatorio de becas por motivos económicos; acabar con el nuevo golpismo que es la guerra judicial en la que participan determinados sectores judiciales, grupos empresariales y mediáticos, financiando bulos; y, una ley de medios que castigue las noticias falsas, tanto al medio como al o la periodista que bulee, limitando a la mínima expresión la participación en los mismos de bancos, fondos buitre y empresas, también, que los directivos y propietarios de esos grupos presenten declaración de bienes, garantizando la pluralidad informativa y el derecho a una información veraz; erradicar de tajo el favoritismo en la contratación y adjudicación pública, lo que lleva, consigo la eliminación de la puerta giratoria.
Sanear la democracia es hacerla más fuerte y eso exige compromiso real de transformación y depuración de la corrupción. Sería importante y ayudaría que el PSOE dejara de ser el papanatas de la transición, además, de un buen comienzo para 2025.