Durante los últimos años, las aguas de Andalucía han continuado sufriendo la intensificación de las presiones de su principal factor de demanda, el regadío, al que se añaden extracciones y vertidos urbano-industriales no resueltos. Sobre los escasos ríos no regulados o sobre los tramos menos afectados por los embalses, se desarrollan nuevas prácticas de regulación a través de balsas laterales que captan aguas pluviales o bombeos de caudales invernales que reducen las reducidas escorrentías todavía circulantes. A ello se añade la intensificación generalizada de la explotación de las aguas subterráneas, que disminuye los mermados flujos de base en todas las cuencas, incluidas las cabeceras de los afluentes de las áreas de montaña.
Suele decirse que vale más una imagen que mil palabras; también podría decirse que vale más un breve texto preciso e intenso que mil datos. En este sentido, hago mías las palabras del profesor Antonio Castillo Martín (Instituto del Agua de la Universidad de Granada), director del proyecto Conoce tus Fuentes, una plataforma colaborativa de identificación y caracterización de fuentes con más de 13.000 puntos inventariados en toda Andalucía. En un reciente comunicado, titulado Los Santuarios del Agua, en peligro de extinción, Castillo Martín dice:
“No corren buenos tiempos para el Agua, creo que todo el mundo está al corriente. En lo que respecta a las aguas subterráneas, el origen de los flujos estivales en clima mediterráneo, todo viene del continuo descenso de los freáticos. No tiene aún gran influencia el calentamiento global a través del aumento de la evapotranspiración, salvo en altas montañas […] La principal causa del descenso de los freáticos estriba en que el consumo de agua ha crecido espectacularmente por encima de los recursos renovables disponibles, a costa de tirar de reservas. Aguas reconvertidas en su mayor parte en extensos mantos verdes o blancos de regadíos o cultivos bajo plástico. Gusta también ver esa riqueza agrícola, empujada por tecnologías cada vez más eficientes. Nada que objetar, todo lo contrario, la entiendo, la respeto y ¡la necesitamos! Pero esa no es la cuestión. La clave es: ¿hay agua suficiente para garantizar la sostenibilidad ambiental y económica de nuestro actual ritmo de consumo? No, y rotundamente no.”
Estos procesos tienen décadas de existencia y se relacionan con causas (‘fuerzas motrices’) complejos: procesos económicos de diferentes escalas, además de factores sociales, culturales y políticos de gran complejidad. La Administración pública no es la única culpable: ¡ojalá cambiando unas personas o un partido por otro se solucionarán automáticamente las cosas! Pero lo que sí hay que recriminar a las administraciones del agua es su falta de espíritu crítico respecto de esos factores que han conducido a la situación actual. En los documentos oficiales no se realiza una reflexión crítica sobre las causas, y sobre los contextos y modelos de gobernanza que han conducido a la situación actual de deterioro. La Administración es responsable de presentar diagnósticos incompleto, acríticos y que no responden a la gravedad de la situación actual.
El sobredimensionamiento de la demanda agraria no es el único, pero sí es el principal problema económico, social, territorial y cultural de Andalucía que no se aborda de frente. En el caso del Plan del Guadalquivir, los documentos toman nota de la expansión de los riegos ilegales con aguas subterráneas en las últimas décadas, con el argumento de que son consecuencia inevitable de intereses y beneficios incuestionables, que ni se precisan ni se analizan. Con esta lógica, durante décadas, la CHG ha asumido pasivamente, como algo inevitable, el impacto sobre los acuíferos, cuya protección es su tarea y obligación específica.
Ese es el gran debate que hay que hacer. Todos los agentes independientes y bien informados (incluidos los responsables de organizaciones agrarias) coinciden en la subestimación por la Administración de los procesos de extensión e intensificación de regadíos; la escasa fiabilidad de los datos; el insuficiente control sobre extracciones; la poca credibilidad sobre las dotaciones asignadas.
Pero ha llegado el momento en el que no se puede seguir hablando injustamente de “el regadío”, granjeándose con ello la comprensible hostilidad de un sector numeroso de medianos y pequeños agricultores, residentes en el territorio, que luchan con muchas dificultades por mantener sus explotaciones. No todo el regadío es igual. Los agricultores profesionales radicados en el territorio y las grandes explotaciones cada vez más ajenas al territorio y con estrategias especulativas no son iguales, ni en capacidad de decisión ni en porcentaje de apropiación de un recurso, el agua, que es dominio público y patrimonio común.
Un ejemplo significativo: el acuífero de Baza, Zújar y Freila en el Alto Guadiana Menor, que abarca parcialmente los términos municipales de Baza, Freila, Caniles, Zújar, Cuevas del Campo y Guadix. La red hidrométrica refleja una clara reducción de los caudales drenados por los manantiales llegando varios de ellos a secarse. Destaca la Fuente de San Juan, que pasó de un caudal en torno a 90 l/s y muy constante durante la década de los 70, a secarse a partir de 2005, situación que se mantiene salvo en momentos puntuales tras lluvias. Según autores bien conocedores de la realidad, en la actualidad la superficie real de riego es prácticamente 3 veces superior a la oficialmente admitida. Los documentos oficiales consigna (no denuncian, sino simplemente ‘dan cuenta’) que, en esa zona se están produciendo nuevas modificaciones (autorizadas y no autorizadas, pero en todo caso, no planificadas) con graves deterioros de las masas de agua, sin que se haya planteado ni se plantee poner en marcha los mecanismos que la legislación vigente exige aplicar en estos casos. Entre estas medidas, en estos momentos es urgente poner en marcha las declaraciones de sobreexplotación de las aguas subterráneas afectadas, lo que en la actual normativa se denomina declaración de riesgo cuantitativo y cualitativo. Esto exige elaborar los censos de usuarios, constituir la Comunidad correspondiente y elaborar el plan de extracciones que permita recuperar el buen estado de los acuíferos.