La Reforma Sanitaria iniciada a finales de los años 80 en Andalucía supuso una revolución en la prestación de servicios sanitarios que permitió alcanzar altas cotas de calidad. El modelo de gestión sanitaria orientado a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad, impulsado preferentemente en la Atención Primaria, trajo consigo en pocos años resultados en salud que quizás no hayamos sido capaces de valorar en su justa medida. Resultados tanto en cantidad como en calidad de vida. Resultados que perduran y aumentan. Programas de prevención de cáncer de colon, de mama, de cérvix, melanoma, obesidad infantil, embarazo, vacunaciones y muchos otros, supusieron un cambio de paradigma en el concepto de asistencia sanitaria que, de estar orientado casi exclusivamente a sanar enfermos, pasó a focalizarse en prevenir la enfermedad e intentar alcanzar niveles óptimos de salud y por ende, de calidad y cantidad de vida. Son actuaciones que han dado resultados espectaculares y han evidenciado el beneficio de la inversión pública en Salud.
A pesar de ser tan evidente, no toda la ciudadanía es lo suficientemente consciente del valor que tienen los Servicios Sanitarios Públicos para el mantenimiento del llamado Estado del Bienestar. ¨Nadie sabe lo que vale un duro hasta que no lo pierde”. Una educación y una sanidad de calidad, pública, universal y sostenida con fondos públicos (que no gratuita) son los pilares fundamentales en los que una sociedad avanzada debe basar su política social. A estos dos servicios básicos y dentro de una profunda evolución de esa política social se ha venido legislando para añadir derechos que, poco a poco, han ido completando el citado bienestar de la sociedad española. La base fundamental para que un nuevo derecho social sea efectivo (Prestaciones de desempleo, Dependencia, vivienda social, inclusión social, inmigración, etc.) es la dotación económica para su cobertura real. De no ser así, se acabará por detraer fondos de los derechos ya establecidos con el consiguiente perjuicio para los mismos. La falta de Pactos de Estado para la prestación de, al menos, esos servicios básicos no ayuda a su mantenimiento y progresión. Resulta tentador legislar para reconocer derechos objetiva e intrínsecamente beneficiosos para el ciudadano. Por convencimiento pleno o por electoralismo espurio. Pero hacerlo sin dotación económica que lo sustente siempre irá en detrimento de los dos pilares básicos de la política social. Educación y Sanidad. Me atrevería a decir que, además, en ese orden.
La sanidad española en general y la andaluza en particular han perdido calidad. Es algo tangible y muy evidente. Sobretodo relacionado con los inaceptables plazos para ser atendido. Gran parte de esos interminables plazos viene mediada por la falta de profesionales médicos. Ocasionada a su vez por una gravísima falta de previsión - en el mejor de los casos- por parte de los responsables políticos a la hora de convocar plazas universitarias y de especialización via MIR. Y digo en el mejor de los casos porque no faltan voces que implican a “lobbys profesionales” en la generación y mantenimiento de esa situación. En épocas de escasez se vende más caro. A estas alturas no creo que nadie crea que todo es casual.
La sanidad en un pozo sin fondo, es cierto. En la salud hay dinero. La industria investiga en busca de ese dinero. Produce medicamentos, aparatos, técnicas y productos en general que solucionan problemas de salud. Toda o casi toda esa bondad se acaba incorporando al sistema público. Y hay que pagarlo. Resulta evidente y necesario contar con criterios de eficiencia a la hora de decidir dónde está el límite para ello. Qué y qué no se incorpora. Prótesis dentales? Intervenciones estéticas? Medicación para tratar la obesidad?…
Si no se logra un pacto de Estado que acuerde esos límites y garantice la inversión necesaria y forzosamente creciente, corremos el riesgo del uso demagógico y electoralista de la sanidad en unas ocasiones y del desmantelamiento de la misma en beneficio de intereses poco claros en otras.
El deterioro palpable de la sanidad tiene culpables. La política sanitariay universitaria nacional por su clara falta de previsión (o algo más) al haberse “pasado de frenada” en la utilización de los “númerus clausus” de acceso universitario que traen como consecuencia el déficit de profesionales titulados. Una estrategia nacional que, o bien no ha existido, ha sido inútil o, en el peor de los casos, ha sido perversa. La política sanitaria autonómica por la falta de inversión suficiente para mantener y aumentar el nivel de calidad y la tasa de reposición del personal que sale de los servicios sanitarios. Todo ello con la más que sospechosa posibilidad de que sea una estrategia que beneficie a la sanidad privada. Los criterios económicos son cada vez más los que priman en la gestión sanitaria. Hace años que lo vienen siendo. No es nuevo. O al menos esa es la percepción. El mal funcionamiento de la administración sanitaria en la gestión de contratación (bolsas de contratación paralizadas, burocracia interminable, ofertas públicas de empleo que se eternizan, concursos de traslado que no se convocan, etc) tampoco ayuda a fidelizar a los profesionales que terminan sus estudios. Las diferencias en formas de contratación y derechos laborales y económicos entre comunidades suponen una competencia que acaba perjudicando a los pacientes de determinadas comunidades. Globalización y movilidad, sobretodo de los más jóvenes, hacen que ya no solo se trate de una competencia entre comunidades autónomas sino entre países. La inversión en formación universitaria de un país es cuantiosa como para que otros se beneficien de ella. Para muchos países resulta mucho más barato importar profesionales cualificados que formarlos. Sobretodo si la formación recibida es de calidad. Es lo que está pasando en España en general y en Andalucía en particular. Exportamos profesionales con una excelente formación financiada vía impuestos. E importamos profesionales extranjeros, en muchos casos con formación menos adaptada a nuestro sistema sanitario e incluso con problemas de idioma.
En esas condiciones, sufren más las comunidades más pobres. Más la Atención Primaria que la Hospitalaria. Más la sanidad rural que la urbana. Mucho más si son zonas rurales especialmente desfavorecidas en las que unos servicios públicos sanitarios de calidad son primordiales para fijar población. Siempre. Es un hecho. Y en ese mayor sufrimiento tienen gran responsabilidad los gestores deDistritosy ÁreasSanitarias a los que pertenecen. Cargos condicionados al cumplimiento de objetivos en los que cada vez tienen mayor peso los condicionantes económicos. Sin el menor criterio de equidad para el manejo de la gestión en zonas rurales, no se privan a la hora de recortar servicios sanitarios. Son pocos ciudadanos los que habitan muchas de esas zonas. Son pocos votos. Y casi siempre más dóciles y conformables. Es electoralmente menos costoso recortar en esas zonas. Gestores incapaces de fidelizar profesionales en zonas que por su propia condición de ruralidad resultan poco atractivas para los mismos. Tienen el limite legal que les impone la norma, claro está. Se dicen atados de manos. Pero realizar contrataciones mes a mes, obligar a pasar consulta en varias poblaciones en el mismo día, adscribir el contrato a territorios con núcleos distantes más de 100 km, adjudicar guardias sin criterios igualitarios, y en definitiva, poner las cosas difíciles a profesionales a los que ya se les hace poco atractiva la idea de trabajar en zonas con malas comunicaciones y servicios públicos deficientes, no es la mejor forma de buscar esa fidelización. Sobretodo si hay oferta en otras zonas más apetecibles y se carece de cierto apego al territorio. Siempre cabrá la duda de si es por incapacidad gestora o se siguen estrategias indicadas “desde arriba”. Educación y sanidad de calidad, junto con buenas comunicaciones, vivienda asequible y suficiencia económica son los principales condicionantes para la fijación de población en zonas rurales. Y es algo de lo que deben ser conscientes los responsables políticos de las AdministracionesLocales rurales a la hora de buscar el beneficio de la ciudadanía a su cargo. Huyendo de partidismos irresolutivos y de la estúpida polarización y cortoplacismo impuestos en los últimos tiempos. Una mala sanidad perjudica a todos. Pero para el mundo rural su deterioro es especialmente sensible.
Tampoco los profesionales del sistema sanitario podemos huir de esta responsabilidad compartida en la situación alcanzada. No hay un solo profesional que no conozca casos cercanos de compañeros que incumplen sistemáticamente sus obligaciones laborales. Que se sirven del Sistema en su propio beneficio. Que lo utilizan con intereses personales. O incluso que lo boicotean. Son el “cáncer “ del sistema. Y, aunque en última instancia son los gestores los responsables, somos los propios trabajadores los que, por acción u omisión, permitimos que se eternicen esas situaciones que la mayoría desaprobamos. En el mejor de los casos miramos a otro lado y nos quejamos en corrillos. En el peor, los cubrimos e incluso aplaudimos. Es hora de iniciar el cambio desde dentro obligando a los gestores (normalmente conocedores también de esas situaciones) a que ejerzan su labor y afeando conductas impropias a quien lo merezca. Debemos ser garantes del buen funcionamiento del sistema no permitiendo conductas deshonestas de gestores, jefes de servicio, compañeros o pacientes. El funcionario se debe al ciudadano y al cumplimiento de su función. No a consignas políticas ni a tramas poco éticas. Y solo denunciándolas desde dentro podremos acabar con ellas. A veces es muy difícil. Pero va implícito en la condición de funcionario.
Y el ciudadano. Receptor último de los beneficios del sistema sanitario. Pero también gran responsable de su mal funcionamiento desde el momento en que lo usa mal o abusa del mismo. Una realidad que se pone poco de manifiesto porque hacerlo resulta “políticamente incorrecto”. Muchos de los que trabajamos en salud somos conocedores de hasta qué punto afecta al sistema. La falsa percepción de gratuidad hace que muchos ciudadanos infravaloren los servicios que se ofrecen y no sean conscientes del alto costo de los mismos. La gran cantidad de citas a consulta a las que no se acude y no se anulan con tiempo para poderlas utilizar. Ciudadanos que, ante las esperas generadas en atención primaria, sistemáticamente obtienen citas todas las semanas “por si la necesito”. En el mejor de los casos, anuladas la noche anterior. Normalmente ni eso. Exigencia de transporte sanitario sin que esté indicado por razones estrictamente médicas. Uso de la asistencia urgente sin justificación alguna. Y tantas y tantas situaciones de mal uso de los servicios sanitarios que se dan a diario y que suponen una sobrecarga para el sistema que acaba pagando el ciudadano que verdaderamente lo necesita.
En definitiva, una situación de deterioro evidente de la Sanidad Publica en los últimos tiempos ( y no necesariamente coincidente con tiempos políticos) que supone la deseada oportunidad para la Sanidad Privada. Que es compatible, cumple su función y no conviene demonizar pero que está, no lo olvidemos, mediada por claros objetivos económicos. El auge de la sanidad privada siempre es consecuencia del mal funcionamiento de la pública. Un deterioro de la Sanidad Pública de causas multifactoriales y que precisa para su solución de un diagnóstico certero y de la implicación seria y profunda de las administraciones del Estado y autonómica para la consecución de un PactodeEstadoque lo solucione. Un pacto de Estado que tenga en cuenta criterios de equidad para la dotación de servicios sanitarios que no discriminen las zonas rurales ni las más desfavorecidas. Un pacto de Estado en el que de alguna manera participe la sociedadcivilrepresentada por grupos asociativos que fiscalice que no son sólo criterios económicos ni electoralistas los que primen a la hora su elaboración. Que ponga por delante el beneficio social de uno de los pilares básicos del bienestar de la ciudadanía. Una solución que además debe implicar irremediablemente a las autonomías por ser las competentes en la prestación del servicio. Y una solución que tiene forzosamente que contar con profesionales y ciudadanos promoviendo la asunción de sus respectivas responsabilidades. Una solución para una Sanidad Pública, universal y de calidad que prime la prevención de la enfermedad y la promoción de salud, y que vuelva a ser la envidia del mundo.
Así sea.