Por un plan de vivienda rural

Desde la Fundación Savia por el Compromiso y los Valores entendemos que, en materia de urbanismo, vivienda y acceso a la financiación de dotaciones e infraestructuras, una cosa son las ciudades y otra mucho más frágil y vulnerable, que precisa más atención, son los pueblos. Siempre cuesta mucho más impulsar iniciativas públicas y privadas en los pueblos que las ciudades. Estas últimas siguen protagonizando la atracción de la actividad económica y tienen muchas más oportunidades de negocio y generación de plusvalías para el sector privado, y mientras esto sucede, las inversiones públicas de las administraciones en el medio rural son eclipsadas sistemáticamente por la mayor rentabilidad de las otras, en un contexto de endeudamiento permanente de los municipios. 

Aunque no se ha determinado cual es el límite de población para clasificar cuando hablamos de pueblo y cuando hablamos de ciudad, en el caso de Andalucía, podemos aceptar el valor de 5.000 habitantes, limite que alcanza un total de 529 municipios sobre los 785 existentes, que representan más de 1.600.000 habitantes y un 18,4% del total de la población andaluza. En el último escalón de debilidad en el acceso a la vivienda se encuentran los 218 municipios con menos de 1.000 habitantes, que suman más de 140.000 habitantes, en su gran mayoría con dinámicas poblacionales decrecientes, con pirámides de población sesgada con fuerte proporción de envejecimiento y débiles tasas de nacimiento. Este tipo de municipios es el que precisa mayor atención en materia de ayudas económicas y sociales en cuanto a favorecer las condiciones de acceso a la vivienda.

La realidad que seguimos observando es que, en líneas generales, la despoblación del medio rural aumentó en las últimas décadas, entre otras razones, por la ausencia de políticas para estabilizar a la población joven a través de incentivos económicos y sociales para facilitar el acceso a la vivienda. En este vacío de acción política no es posible frenar la mayor atracción que ejercen las ciudades por la mayor actividad económica y productiva de la iniciativa privada, donde se producen los mayores márgenes de plusvalías económicas. Hay que tener en cuenta que en el caso de la región de Andalucía la mayor parte de su dinámica económica se concentra en torno a las nueve grandes ciudades metropolitanas junto con el sistema de ciudades medias, que en su conjunto articulan la mayor parte del territorio, olvidándose de los pueblos. 

El acceso a la vivienda en el medio rural está directamente vinculado con la forma de vida de sus habitantes y por las condiciones de vida del territorio en que se integra. A diferencia del sistema urbano donde lo importante son las oportunidades económicas y productivas, el medio rural es dependiente de los recursos naturales que genera su propio territorio, al que se vincula la explotación de la tierra que cultiva, de la ganadería que acoge y de sus valores ambientales, sociales y culturales que la nutren. Podemos afirmar que mientras las ciudades necesitan ser abastecidas para su sustento desde recursos exteriores, el medio rural se autoabastece con los recursos que genera el mismo dentro de su territorio. Debido a la vulnerabilidad del medio rural, la posibilidad de establecer nuevas familias en los pueblos está vinculado al acceso a la vivienda, y por extensión, a la dotación de equipamientos y dotaciones públicas, junto con un sistema territorial de espacios libres y zonas verdes como matriz que lo envuelve. Solamente cuando estos derechos están garantizados podemos hablar de una sociedad moderna y verdaderamente democrática. En este contexto, urge reclamar el acceso a la vivienda no solamente como un factor basado en la dinamización económica pura, sino también como una consigna moral y ética de la sociedad, para habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, decidir y disfrutar sus pueblos de forma democrática, participativa y ecológicamente sostenible, y se produzca una involución en la forma de administrar y gestionar el acceso a la vivienda. 

Aunque los principios contenidos en el artículo 47 de la Constitución determinan que la clasificación del suelo debe hacerse priorizando el interés general para impedir la especulación, aún estamos lejos de ello en las legislaciones urbanísticas de las comunidades autónomas y especialmente en Andalucía, donde la ley LISTA de integración del suelo y sostenibilidad de Andalucía no está dando respuesta adecuada para afrontar el reto demográfico de los pueblos en materia de disponibilidad de suelo en el medio rural para disponer viviendas asequibles y en alquiler, al estar orientada principalmente para aplicar en las ciudades, por su mayor capacidad de recursos técnicos para la gestión urbanística. La nueva legislación estatal en materia de vivienda debería cubrir este vacío actual en la materia, y obligar a que la comunidad participe en las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos, cuestión imprescindible para disponer suelo clasificado para vivienda pública en sus diferentes modalidades.

La gestión del medio rural y del territorio debe ejercerse desde una política holística, transversal, considerando que la transición ecológica debe ser social, económica y ambiental. Que el despoblamiento no es un problema sino la consecuencia y la funesta manifestación de otras gravísimas carencias que están empobreciendo nuestro medio rural sin el que, paradójicamente podemos vivir porque es ahí donde se generan toda una serie de productos de calidad que necesitamos cada día, pero también toda una serie de bienes comunes, de difícil cuantificación económica y que los economistas llaman externalidades pero que resultan imprescindibles para concebir la vida en las ciudades, que son espacios netamente de demanda, mientras que el medio rural es un lugar de oferta, y sin embargo, el medio urbano, las personas que viven y trabajan en la ciudad no están sabiendo reconocer y compensar social y económicamente a las personas del medio rural. Las políticas de vivienda rural, de impulso y acceso a vivienda digna y de calidad a precios asequibles en el medio rural debe ser un pilar esencial de políticas de compensación territorial que deben ponerse en marcha de forma urgente.

1. LA COMARCA COMO ESPACIO DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA RURAL.

La legislación vigente del sistema de pueblos soberanos entre si resulta insuficiente por sí mismo para dar respuesta a las estrategias para acceso a la vivienda. Necesitamos entidades de mayor escala acompañadas con estrategias de planificación a largo plazo, pero también al mismo tiempo aprovechar los mecanismos de regulación del mercado de viviendas vacías, autoconstrucción, rehabilitación, registro de solares, etc, mientras se alcanza el nuevo escenario económico y de planificación. Recuperar las estructuras y funciones de las comarcas se convierte en argumento contra la despoblación y las políticas de acceso a la vivienda en el medio rural. La comarca, como ente territorial que comparten los municipios de una misma unidad geográfica y similares características físicas y morfológicas, debe formar sus propios órganos de gestión capaces de dar respuesta a una pregunta clave: ¿Cómo ha de ser nuestro territorio común para alcanzar un futuro de prosperidad en un entorno cuya economía depende de sus valores medioambientales, patrimoniales y culturales?

Una gestión eficaz del espacio rural necesita, en primer lugar, desarrollar Planes Comarcales de Ordenación del Territorio y Planes Provinciales, para una mejor administración y regulación de los recursos ambientales, sociales y productivos de las “Comarcas Funcionales” que permita mejorar las condiciones de vida a largo plazo. Las comarcas ya fueron establecidas en función de sus características geográficas homogéneas, y suponen una realidad del territorio español no suficientemente reconocido en los planeamientos territoriales, con el objetivo de compartir equipamientos y dotaciones al servicio de toda la Comunidad de Municipios. Esta realidad ineludiblemente exige mayores dosis de generosidad para una mayor coordinación y colaboración entre municipios. Varios ayuntamientos de una misma comarca habrían de administrar los recursos de manera conjunta y coordinada, como una sola entidad que afecta a la calidad y forma de vida de todos ellos. La gestión de las comarcas exigiría trabajar en común, de forma independientemente de los sesgos políticos, anteponiendo los intereses ciudadanos, en un ámbito que excede la dimensión de cada uno de los municipios. Frente a ello, los municipios y sus representantes advierten la creación de las comarcas como una injerencia en sus atribuciones y una merma que afecta también a sus intereses políticos. Los actuales ayuntamientos funcionan como un mosaico de pequeños reinos que no tienen por qué tener en consideración a sus municipios vecinos, con los que comparten territorio. El funcionamiento de las comarcas ha de llevar a la política rural a una evolución basada en la cultura del diálogo y la colaboración entre municipios vecinos.

2. ARGUMENTOS PARA VIVIR EN EL ESPACIO RURAL.

La problemática de la vivienda en el medio rural precisa ser entendida desde el contexto socio-cultural en que inevitablemente está envuelto, para diferenciar a la vivienda destinada a la población residente respecto a las demandas de vivienda asociada a una población flotante, sea de tipo turístico, segunda residencia o para inversión inmobiliaria. El medio rural ve cómo reduce su peso específico respecto al papel predominante de las ciudades, que buscan en él medio rural dar satisfacción a sus particulares necesidades e intereses. La cultura urbana se impone sobre la cultura rural y se muestra incapaz de reconocer los recursos asociados al aprovechamiento del territorio. Para la cultura urbana el paisaje rural es solo un escenario para su ocio de fin de semana o para tener su casa de campo. Cuando los urbanitas construyen su vivienda en el medio rural, no lo hacen con intención de participar de la vida y problemas de la comunidad local. Su comportamiento se limita a salir del trabajo el viernes por la tarde, pasar por la gran superficie para abastecerse antes de llegar a su casa de fin de semana en los alrededores de cualquier pueblo, en su parcela rodeada de un alto cierre vegetal, hasta el domingo por la tarde regrese a su piso de la ciudad, sin tener por qué hacer gasto o tener contacto con la comunidad local.

El habitante urbano vive en entornos alejados del medio natural, por ello procuran, en la medida que su economía se lo permite, alejarse en busca de lugares de mayor calidad ambiental donde complementar su calidad de vida con una segunda vivienda en el medio rural. Es el desahogo al estrés diario y a la carencia de contacto directo con naturaleza, donde se reconoce la derrota en alcanzar esa ciudad amable que los urbanitas reclaman, pero solo pocas veces llega. Para ellos el espacio rural es una periferia de la ciudad separada de ella, que necesita compensar o complementar los efectos negativos que la ciudad le provoca. Sin embargo, reconocemos que la construcción permanente de viviendas de segunda residencia no es sostenible en el tiempo y consume suelo en un proceso continuo que no tiene fin. La estancia en el medio rural de personas no residentes se debe canalizar a través de la hostelería y el alquiler de viviendas, que permiten una amortización mucho mejor que las construcciones y evita el consumo de suelo para solo unos días al año, proporcionando una permanente fuente de ingresos que generan los servicios de alojamiento, ocio y cultura, sin necesidad de construir viviendas. Así, se atiende el servicio sin tener que consumir el recurso. 

La cultura urbana ejerce un papel avasallador frente a la cultura rural. Apoyada por los grandes medios de comunicación, la cultura urbana se ha vuelto omnipresente, hasta el punto de que el residente del medio rural en poco se diferencia del ciudadano de la urbe. A partir de la segunda mitad del siglo XX se ha acrecentado una profunda crisis en la cultura rural propiciada por múltiples circunstancias, como la migración campo-ciudad, el abandono de los trabajos manuales, la entrada en la Unión Europea o los nuevos mercados de la globalización. Ello ha provocado una pérdida de conocimientos para reconocer los recursos que subyacen en el paisaje. Para nuestros abuelos, cada parte del territorio tenía su aplicación económica: el bosque era leña, herramienta caza, la era, el río, la mies, la dehesa, todo el territorio tenía una aplicación productiva que hoy apenas somos capaces de entender y esta información ha quedado obsoleta u olvidada ante las mejoras tecnológicas y el desarrollo científico. Es imprescindible renovar la cultura rural incorporando los conocimientos aportados por la ciencia, para actualizar cuales han de ser los recursos latentes en el territorio desde la visión del siglo XXI. Hace falta reconstruir una cultura rural contemporánea, para dar viabilidad económica al habitante contemporáneo del medio rural, para identificar cuáles son los recursos que actualmente podríamos obtener del medio rural. Solo así seremos capaces de valorar correctamente la vivienda en el espacio rural, en su verdadera escala y sentido.

3. LA VIVIENDA EN EL ESPACIO RURAL CONTEMPORÁNEO

Cuando se habla de vivienda en el medio rural es importante diferenciar el tipo de fenómeno que atiende. Poco o nada tiene que ver la vivienda para las personas y familias que viven y trabajan en el medio rural de las personas que buscan casa para pasar su fin de semana o las vacaciones, aunque ambas viviendas puedan ser físicamente semejantes. En este sentido, es importante favorecer el asentamiento de las personas residentes a través de programas de ayuda a la construcción, e incluso a disponer de ventajas urbanísticas que faciliten de manera privilegiada su asentamiento en el lugar. El consumo de suelo para las viviendas es lícito y razonable para dar cabida a quienes viven allí y se dedican a la explotación de los recursos vinculados al propio territorio. Por el contrario, los ciudadanos no residentes, que no participan del desarrollo social y económico del lugar, no deberían tener facilidades para ocupar nuevos solares puesto que ello supone la inevitable e irreversible destrucción del suelo que se ocupa, que es el recurso esencial de producción en el espacio rural. La construcción y los procesos de urbanización destruyen, desafectan irreversiblemente los suelos que ocupan para los usos productivos agroganaderos. En el medio rural, el suelo es el medio y lugar de trabajo y ha de ser respetado para tal fin para disponibilidad de las generaciones futuras. Su ocupación solo ha de ser justificado por las viviendas que precisan las personas y familias que van a dedicarse a explotar estos recursos.

De forma general, las viviendas de los no residentes han de ser emplazadas en lugares escogidos por su baja afección productiva y paisajística a través de una planificación del territorio consensuada y científicamente justificada, en zonas delimitadas al efecto y evitando la edificación dispersa.

El medio rural ofrece las ciudades el medio y el paisaje que precisa, que no implica la vivienda en sí. El territorio, y no la vivienda, ha de ser la oferta que puede ofrezca el espacio rural al habitante de la ciudad que quiere disfrutar en su ocio de las ventajas del medio rural y natural.

El progresivo despoblamiento del medio rural provoca que en la actualidad muchas localidades tengan un alto porcentaje de viviendas abandonadas o en desuso, que en muchos casos corren riesgo de convertirse en ruinas. La llegada de personas provenientes de las ciudades, con disponibilidad económica suficiente, puede ayudar a la rehabilitación de las antiguas viviendas. Sus demandas pueden ser canalizadas hacia un proceso de regeneración arquitectónica de los núcleos rurales.

La estrategia ha de dirigirse hacia acciones que supongan un beneficio hacia el medio rural y evitar las actuaciones que mermen los recursos del medio rural.

En el medio rural existe un considerable número de viviendas vacías o sin uso, que están necesitadas de ser rehabilitadas, por ello no es necesario construir nuevas viviendas para dar respuesta a la demanda de población proveniente de las ciudades. Se ha de apostar por la rehabilitación de las que ya existen.

4. PROPUESTAS PARA PROMOCIONAR EL ACCESO A LA VIVIENDA EN EL MEDIO RURAL.

En este contexto anteriormente descrito, consideramos necesario establecer los siguientes ejes programáticos para activar el acceso a la vivienda en el medio rural, que la hagan accesible a todos los sectores sociales, y especialmente a los sectores sociales más desfavorecidos:

• Actualizar las bases de datos de demandantes de vivienda en los municipios de población inferior a 5.000 habitantes, estableciendo ayudas económicas para su verificación, asesoramiento, cuantificación y seguimiento del número de viviendas necesarias.
• Modificar los procedimientos del Registro Municipal de Solares en los ayuntamientos para fomentar la rehabilitación de viviendas en ruina o con amenazas estructurales, agilizando los procedimientos para la intervención de terceros mediante venta forzosa de la finca cuando se declare la ruina o se incumplan los deberes de edificación en solares vacíos. Asimismo, se reducirán los plazos de respuesta del procedimiento administrativo para evitar su prolongación indefinida en el tiempo. De esta manera, se elimina también la imagen prolongada de abandono que proyectan las edificaciones en estado de ruina por falta de iniciativa de sus titulares. Estas modificaciones vendrían acompañadas de ayudas económicas directas a los ayuntamientos que soliciten asistencia técnica y administrativa para dinamizar su Registro, actualizar sus bases de datos, etc.
• Establecer un registro de viviendas vacías en los ayuntamientos de población inferior a 5.000 habitantes, instando a sus propietarios a ponerlas en venta o alquiler con prioridad para los demandantes de vivienda. La verificación de la vivienda vacía se realizará comprobando las viviendas sin consumo de agua y luz eléctrica durante un cierto periodo de tiempo, con la colaboración de las compañías de servicios públicos. Adicionalmente, los ayuntamientos podrán aumentar el impuesto del IBI a las viviendas vacías en la proporción que consideren les perjudica. Se dispondrán ayudas económicas para la gestión del procedimiento para identificar las viviendas vacías y para acordar con los propietarios las garantías de puesta en uso. 
• Dotación de ayudas económicas para la autoconstrucción y rehabilitación de viviendas para demandantes de vivienda en el medio rural, especialmente en los pueblos de población inferior a 5.000 habitantes, destinadas a población joven en régimen de alquiler o propiedad, y para la rehabilitación de los inmuebles tradicionales como valor patrimonial de los municipios. Las ayudas incluirán la elaboración del proyecto de arquitectura, la dirección facultativa de las obras a través de precios tasados, que permitiría un control de la calidad de las construcciones y favorecería ventajosamente a quienes han elegido vivir en el medio rural. En el caso de los procesos de autoconstrucción, utilizados tradicionalmente por la población del medio rural, permitiría un asesoramiento y vigilancia de las construcciones y la incorporación de condiciones habitacionales adecuada a los estándares contemporáneos.
• Instar a las comunidades autónomas a promover Planes de Ordenación Comarcal que identifiquen los recursos asociados al territorio, realicen una planificación estratégica a largo plazo para vincular sus estructuras al contacto con la naturaleza mediante infraestructuras verdes, y lleven a cabo la delimitación de comarcas funcionales, compuestas por diversos ayuntamientos que comparten una misma circunstancia geográfica, que habrán de actuar y planificar de manera coordinada. Este compromiso incluirá también medidas concretas para evitar la fragmentación y degradación del paisaje periférico de los pueblos.
• Redefinir la función de las Mancomunidades de Municipios en la gestión del acceso a la vivienda, y creación de oficinas técnicas comarcales para el desarrollo de trabajos de planificación y para el diseño de actuaciones acordes con el entorno social, económico y cultural de la comarca. Permanecerá en el tiempo independientemente de los cambios políticos que pueda haber.
• Medidas para dar prioridad a las necesidades de nueva vivienda para las personas residentes respecto de las intervenciones de personas no residentes. Las nuevas edificaciones no afectaran a suelos fértiles ni la merma de recursos propios del espacio rural.
• La demanda de segunda residencia para personas no residentes se ha de dirigir de forma preferente hacia la rehabilitación de viviendas existentes, fundamentalmente de construcción tradicional. Ello aportaría la renovación y recuperación del parque de viviendas tradicionales y ayudaría a la colaboración y mayor convivencia de la población foránea en el tejido social de los pueblos. Resulta preferible ofrecer los servicios que precisan sin tener que venderles solares para construir casas, que no harían sino degradar el entorno de quienes allí viven y el propio recurso ambiental que se ofrece. De igual manera, los ciudadanos de las ciudades quieren huevos y para ello no se les venden gallinas, si no que se abastecen desde sus supermercados.
• Medidas para evitar la segregación espacial entre barrios de ricos y barrios de pobres, reconociendo que la mejor forma de integración social es la que se produce mediante la mezcla de los diferentes estratos sociales, como siempre ocurrió en las ciudades andaluzas. En los pueblos se facilitarán medidas para integrar las minorías sociales y la diversidad cultural y racial en los pueblos, respetando las identidades y formas de expresión de sus habitantes sin discriminar.
• Establecer ayudas económicas para asegurar el pleno desarrollo de las mujeres y las niñas en los pueblos, fomentando los valores de igualdad para favorecer una vida libre de violencia.
• Establecer ayudas económicas para proyectos de movilidad sostenible en poblaciones de menos de 5.000 habitantes para impulsar el Derecho al Pueblo de prioridad peatonal con sendas peatonales que sustituyan a las aceras, el Derecho al transporte público eficiente por su capacidad de reducir el uso del automóvil.