Cuando más bajas están las reservas hídricas al encontrarnos al final del año hidrológico, en medio del verano, es cuando más demanda de agua para uso urbano y turístico se produce. Al ser un importantísimo destino turístico de sol y playa, la afluencia turística a Andalucía tiene su pico en los meses de julio y agosto. Millones de personas llegan, necesitando, demandando agua. En la época en la que el sistema hídrico tiene las reservas más bajas, lo que supone un colosal reto para los gestores y responsables de que siga saliendo agua de calidad por el grifo y que después sea depurada de forma eficaz.
El turista necesita, proporcionalmente, más agua que los residentes. No porque sea un derrochador, sino porque la actividad, los usos habituales del turista, llevan asociados mayores necesidades. En su uso individual y particular, el turista sigue siendo una persona responsable, consciente de que no se puede desperdiciar un recurso muy valioso, pero su mayor y diversa actividad hace que se emplee, para darle servicio, mayor cantidad de litros. Se estima que un turista necesita, de media, casi tres veces más de agua que un habitante residencial.
Las zonas turísticas, sobre todo los ayuntamientos, conscientes de ello, necesitan dotarse de infraestructuras de abastecimiento, distribución y saneamiento que sean capaces de soportar esos picos de actividad. La mayoría de ellos situados en el final de la cuenca, al borde del mar, lo que incorpora un reto extra de disponibilidad y depuración. Para financiar este servicio básico, uno de los mecanismos básicos es el cobro a los usuarios, pero los gestores se enfrentan a una enorme dificultad, el precio del agua es un factor muy sensible. Así, el resultado que tenemos encima de la mesa es que dotar de servicios públicos de gestión hídrica es una de las actividades más complejas que existen actualmente.
Se hacen numerosas campañas sobre conciencia en el uso del agua, tratando de buscar ahorros. Quizás ha llegado el momento de hacer campaña para abordar la cuestión más delicada y sensible: trasladar a los usuarios los costes reales del abastecimiento y saneamiento del agua. Estamos en una dinámica sin retroceso: cada vez más demanda, cada vez menos disponibilidad del recurso. Cada vez cuesta más ponerla a disposición y reincorporarla al ciclo hídrico global. Por ello, tendremos todos que ir sabiendo que el precio que vamos a pagar por el agua será mayor en los próximos años. Ese traslado de los costes al usuario tiene dos premisas básicas que tienen que cumplirse: Que se garantice el derecho humano de acceso al agua en cantidad y calidad suficiente, establecimiento mecanismos que permita el acceso con garantías a las personas con menos recursos. Y que aquellas personas, entidades y servicios que hacen un uso no básico del agua soporten, proporcionalmente, un mayor porcentaje del coste. Así, por ejemplo, deben definirse vías para que los usos recreativos y turísticos del agua asuman equitativamente la demanda extra que suponen para el sistema, tensionando y poniendo en peligro, como ya ha ocurrido, el abastecimiento básico de los residentes.
Estos ajustes, esta evolución del sistema tiene que hacerse imperiosamente desde el ámbito público, desde entidades que tengan en la defensa del interés general su premisa básica de funcionamiento. Estamos asistiendo, y a todos debería preocuparnos, un creciente interés por la privatización de la gestión del agua bajo la falsa premisa de que la gestión privada es más eficiente y que, por tanto, pueden abordarse con mayores garantías las grandes inversiones en infraestructuras y la propia gestión de los usuarios. Es falsa porque con ese gancho, corremos el peligro de dejar en intereses privados el agua de todos, convirtiéndola en producto mercantil. Las empresas privadas no están interesadas en garantizar el suministro en cantidad y calidad suficiente para todos, antes que eso, están sus cuentas de resultados que son intereses financieros de unos pocos.
Es tarea de todos hacer una defensa activa de la gestión pública del agua. En los próximos años el sistema hídrico se someterá cada vez a mayor tensión. El objetivo es que podamos seguir contando con agua del grifo de calidad adecuada. Puede estar en esa pequeña cuestión gran parte de la calidad de vida de los próximos años. Que podamos beber agua del grifo es un lujo. Desgraciadamente, hay muchos sitios en los que ya no es posible, bien porque no sale, bien porque la que sale no tiene suficientes garantías.
Podría parecer que es un asunto que se queda fuera de nuestras ocupaciones, pero sí tiene que ser una de nuestras preocupaciones. Saber qué entidad es la encargada de suministrarnos el agua, si es pública, qué política está haciendo con ello nuestro ayuntamiento o mancomunidad de municipios. Beber agua del grifo, en casa, en la calle. No podemos olvidar que existe la obligación en los establecimientos de restauración de darnos agua del grifo. Pedirla es una batalla social muy valiosa, porque más allá de restarle negocio a las embotelladoras y evitar plásticos, es la lucha por la garantía de nuestro recurso más valioso. Hagámoslo también cuando seamos turistas, será un potente indicador de la propia calidad del destino turístico.
Que el turismo es un potentísimo sector económico está fuera de duda, es, de hecho, la tabla de salvación de muchos municipios, pero no podemos caer en la miopía del cortoplacismo tapándonos los ojos a lo que es la llave de la continuidad del sistema que es la sostenibilidad hídrica. En ella está el presente y el futuro. Todos necesitamos agua todos los días, exijamos que sea pública y de calidad.
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