En la primavera de 1965, Alejandro Rojas-Marcos consiguió, tras no pocos esfuerzos, convencer a otros cuatro jóvenes (Luis Uruñuela, Diego de los Santos, Alfonso Campoy y Raimundo Castro) que para combatir la dictadura franquista era preciso crear una organización decidida al activismo y no a las discusiones diletantes, tan frecuentes en aquellos años.
Surgía así, hace ahora 60 años, Compromiso Político (CP), el origen de lo que con el tiempo sería el Partido Andalucista (PA), y previamente Alianza Socialista de Andalucía (ASA) y Partido Socialista de Andalucía (PSA-Partido Andaluz). Aquella decisión iba a suponer el nacimiento de la segunda generación andalucista, sin que en aquel momento sus fundadores tuvieran la menor noticia de que había existido una primera generación. Con ella se encontrarían algunos años después, con tanta emoción y reconocimiento que en 1978 los supervivientes de aquella generación decidieron que la Junta Liberalista, que fundaran con Blas Infante durante la II República, se integrara en el seno del PSA.
Disuelto hace una década el Partido Andalucista, el análisis de su trayectoria debería apartarse del debate político y ser ya materia de atención de las ciencias sociales. Quienes, desde el ámbito de la Historia, venimos investigando desde hace años sobre los avatares de esta segunda generación andalucista (1965-2015), conocemos bien el notable papel que jugó durante el tardofranquismo y la transición democrática. CP/ASA/PSA/PA fue un actor decisivo tanto en el proceso de toma de conciencia de los andaluces de su identidad como pueblo, como en la conquista de la autonomía.
No debemos olvidar que lo primero fue requisito indispensable para lo segundo. Pero resulta desconcertante que ese protagonismo, que salta a la vista cuando buceamos en archivos y hemerotecas, se les haya venido regateando miserablemente desde entonces. Parecería que a sus históricos adversarios les irritase no sólo que el PSA-Partido Andaluz existiera y compitiera con ellos durante aquellos trepidantes años, sino que siguen indignados en el presente porque, simplemente, haya existido.
Quizás ello se deba a que su presencia en los libros de historia y en la memoria colectiva del pueblo andaluz supone una permanente denuncia de su histórica impostura. Y es que, en efecto, a pesar de su indiscutible condición de grupo minoritario, la segunda generación andalucista jugó un papel decisivo, y en absoluto proporcionado con su fuerza real, en unos años trascendentales de la historia contemporánea de Andalucía. Creo que en los distintos libros y artículos que vengo publicando desde hace varios años así ha quedado acreditado.
Los ideólogos de la segunda generación andalucista, a partir de la redacción del Manifiesto fundacional de ASA, fueron los primeros en aplicar a Andalucía la teoría de la dependencia y en reivindicar la autonomía como expresión jurídica de un Poder Andaluz dirigido a acabar con el subdesarrollo. Junto a ellos, un importante número de investigadores andaluces, la mayoría vinculados al andalucismo, pusieron en marcha importantes estudios sobre la cultura, la economía, la sociedad y la historia andaluzas, hasta entonces minusvaloradas o, incluso, despreciadas.
Citemos, entre otros muchos, a los inolvidables José Aumente, José María de los Santos, José Acosta, Enrique Iniesta, Manuel Ruiz Lagos, José Luis Ortiz de Lanzagorta o Juan Antonio Lacomba, todos ellos intelectuales de innegable solvencia y militantes andalucistas, ya tristemente desaparecidos. Notable expresión de ello fue, por ejemplo, la puesta en marcha del Congreso de Cultura Andaluza en 1977, en el que el protagonismo de los hombres y mujeres del PSA fue indiscutible. A todos ellos correspondió también la propagación de las tesis del andalucismo histórico, a través tanto de una serie de publicaciones periódicas, como de la edición de una amplia serie de monografías, especialmente abundantes durante el sexenio que va de 1977 a 1982.
Pero lo verdaderamente importante de toda esta serie de trabajos no fue sólo su valor científico o ideológico, que ya de por sí servirían para justificar toda una trayectoria, sino que sus conclusiones eran absorbidas con avidez por el conjunto de la sociedad andaluza, paso previo e imprescindible para la construcción de su identidad como pueblo.
Y junto a todo esto, el PSA-Partido Andaluz jugó un rol específico en el sistema político durante el proceso de conquista de la democracia, desde finales del franquismo y a lo largo de toda la Transición. Es obvio que la expresión más de destacada de ello fue que sin su acción política hubiera sido imposible que la naturaleza plurinacional de España hubiera ido más allá de Cataluña, el País Vasco y Galicia.
Está pacíficamente aceptado por amplios sectores del constitucionalismo español que el modelo de organización territorial del estado que anidaba en la mente del constituyente, y que se plasmó en el texto constitucional del 78, ordenaba una profunda asimetría entre nacionalidades y regiones, vehiculada mediante las vías autonómicas de los artículos 143 y 151.
Las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977 y la irrupción de los andalucistas en el Congreso de los Diputados y los ayuntamientos andaluces, a partir del ciclo electoral de 1979 (elecciones generales de marzo y municipales de abril), fueron determinantes para que Andalucía consiguiera un estatus jurídico-constitucional idéntico al reservado para las entonces llamadas «nacionalidades históricas». El accidentado proceso autonómico andaluz, marcado por las zancadillas del aparato del estado y la falta de convicciones de los partidos centralistas, y bloqueado tras el 28 de febrero de 1980, nunca habría podido culminarse sin la decidida apuesta del Grupo Parlamentario Andalucista para su desbloqueo.
Este triunfo, que era en realidad el triunfo del pueblo andaluz, abrió la puerta para una relectura del Título VIII de la Constitución favorable a otras nacionalidades y regiones. Y en este proceso, el PSA cumplió una función catalizadora en cuanto obligó a los grandes partidos, UCD y PSOE, a tener que aceptar determinadas soluciones que afectaban principalmente, aunque no exclusivamente, a Andalucía. Simultáneamente, obligó al conjunto de fuerzas políticas que operaban en Andalucía a colocar una «A» detrás de sus respectivas siglas, así como a reconocer tanto la figura y la obra de Blas Infante como el conjunto de los símbolos identitarios andaluces.
Finalmente, la defensa de un Estatuto que no fuera capitidisminuido por los pactos autonómicos UCD-PSOE tras el intento de golpe de estado del 23-F, aunque esa defensa resultara en gran medida infructuosa, y en el que se reconociera el carácter de nacionalidad de Andalucía, fueron otras de las contribuciones trascendentales de los andalucistas a la construcción de la autonomía andaluza.
En definitiva, sólo desde una despreciable cicatería y un sectarismo rampante pueden negársele a la segunda generación andalucista los méritos de haber constituido la imprescindible vanguardia que movilizó al pueblo andaluz durante los vibrantes años ―desde el tardofranquismo a la Transición― en los que Andalucía vivió la conquista de la democracia y la autonomía.
Todo proceso colectivo, y esa conquista lo fue del conjunto de la ciudadanía andaluza, debe contar con liderazgos, generalmente compartidos, que propongan ideas, señalen objetivos y movilicen conciencias. Y sin negar el indispensable papel, y en numerosas ocasiones verdaderamente heroico, que otras organizaciones jugaron, el de los andalucistas pertenece a la categoría de los decisivos. Cumpliéndose en este 2025 los 60 años de su nacimiento como organización política, hora es ya que la Historia venga a reconocérselo.
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