Tras numerosas manifestaciones de los trabajadores interinos de todas las administraciones públicas españolas a finales de los años 90 y numerosos recursos judiciales llevados al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), éste legisló la Directiva 1999/70/CE del Consejo de Europa de 28 de junio de 1999 sobre el trabajo de duración determinada, de obligado cumplimiento. Afectó a todos los trabajadores en precario de Europa, del mundo privado y público. Dicho tribunal reconocía el abuso que se hacía por empresarios y por la propia administración pública de los contratos a tiempo determinado. De nuevo era la Justicia Europea –como en muchas otras cuestiones- quien enrojecía los cachetes de los legisladores españoles por permitir tal flagrante abuso.
Desde 1999 la Justicia Europea instaba a todos los países, y en especial a España, a la realización de planes de consolidación de empleo y a no permitir el encadenamiento de contratos de trabajo en precario, tanto en el ámbito privado como en el público. En el ámbito privado desembocó en la creación del contrato indefinido tras tres años de contratos, que en realidad sólo da más derechos en caso de despido. Pese a ello, las cantidades de indemnización por despido se fueron reduciendo con las distintas reformas laborales posteriores.
En el ámbito público, la administración pública española, en todas sus vertientes (municipal, regional, autonómica y nacional) ha continuado abusando de la contratación en precario durante 24 años para poder asumir las necesidades de servicio a través de la contratación de interinos o contratados laborales. Hace unos años Europa volvió a insistir en la irregularidad en el abuso de estas contrataciones sin dar estabilidad a sus trabajadores. Incluso llegó a amenazar con denegar las ayudas europeas si no urgía la estabilización de los mismos.
Ello ha llevado a leyes nacionales para estabilizar a los trabajadores en precario de la administración pública para hacer cumplir una directiva que existe desde 1999. En España pueden existir actualmente unos 750.000 trabajadores interinos o laborales que trabajan en las distintas administraciones públicas. Todo un ejército de trabajadores en precario. Más de 480.000 tienen más de 3 años de servicio y más de 275.000 tienen más de 45 años y más de 10 años de servicio. No están en disposición favorable de aprobar unas oposiciones durísimas para las que tienen que estar estudiando y trabajando, y con cargas familiares por abajo (hijos) y por arriba (padres). Son médicos y enfermeros, maestros y profesores, jueces y fiscales, administrativos, bomberos, bedeles, cocineros, chóferes, etc. Son trabajadores, no opositores. Un grave problema social que Europa ha denunciado y que aquí siempre se ha visto como un hecho normal.
Tradicionalmente, la estabilización por concurso de méritos ha sido declarada como anticonstitucional por los tribunales españoles que sólo han entendido mediante la superación de un examen el cumplimiento del criterio de igualdad, capacidad y mérito para el acceso a la función pública. Igualdad, sin duda, no existe, pues hay familias con más recursos económicos que pueden costear que un estudiante se prepare durante años unas oposiciones, y otras que no. Europa, que está por encima de la constitución española ha dicho que no es así. Que es un abuso que haya trabajadores en la función pública española durante años y años. Y exige su estabilización, no su despido.
El proceso de estabilización ha empezado hace unos años con gran desacierto y con numerosas trabas debido a las denuncias a los tribunales por opositores libres. Denuncias que pueden que ganen en España, pero que serán rechazadas por los tribunales europeos, acorde a una directiva superior. No obstante, el lío judicial que se puede crear puede ser interminable.
No llegan a 150.000 los interinos y contratados laborales (éstos para ser laborales fijos) estabilizados en los dos últimos años. Apenas se han sacado procesos de estabilización por concurso de mérito, como exige todo el colectivo. En mi opinión, deberían sacarse todas las plazas ocupadas por trabajadores con tres años de todas las administraciones (a los 3 años se declara un trabajador indefinido en el ámbito privado) por concurso de mérito, existiendo unas oposiciones restringidas durante varios años, donde se valore bien la experiencia, para intentar absorber al resto. Fin del problema social. Fin del problema de precariedad laboral en lo público. Y ya cada año a sacar todas las plazas que demande el sistema.
Ahora existe en España una legislación para estabilizar a todos los trabajadores en precario de la administración española, y no se está aprovechando. Los sindicatos, de clase o no, parecen estar dormidos y dejando pasar esta gran oportunidad. Y para muchos trabajadores interinos o en precario parece que no va esto con ellos, cuando tienen la fuerza suficiente como para paralizar todo el país. Un ejemplo de ello son las últimas oposiciones a educación de la Junta de Andalucía. Se ha estabilizado a un número pequeño de interinos mientras se han sacado miles de plazas (nunca se habían sacado tantas) con el sistema tradicional. El resultado ha sido que docentes con más de 10 años de servicio no han obtenido vacantes o han visto aumentada su movilidad. Todo lo contrario a lo que exige Europa. Lo dicho, se está desperdiciando arreglar para siempre un sempiterno problema de las administraciones españolas. A quiénes correspondan, que se pongan las pilas.
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