En el siglo XIX, la silla, era considerada un artículo de lujo. Las familias trabajadoras no podían permitirse una silla y, en su lugar, utilizaban bancos, taburetes o simplemente se sentaban en el suelo. La silla con sus cuatro patas, respaldo y asiento de cuerda o tapizado era un símbolo de estatus y riqueza. Sentarse en una silla estaba considerado un privilegio vedado al pueblo llano.
Fue entrado el siglo XX (1912) cuando en España se promulgó La "Ley de la Silla" que, fue impulsada por la maestra y sindicalista María Echarri y Martínez para mejorar las condiciones laborales de las mujeres en tiendas, talleres y comercios, obligando a los empleadores a proporcionar asientos para que las trabajadoras pudieran sentarse durante su, casi interminable, jornada laboral. Los hombres no tuvieron derecho a sentarse en el lugar de trabajo para descansar hasta 1918. Todo esto se dio en un contexto histórico donde los empresarios y políticos de la derecha española mostraban una especial crueldad.
Así las cosas (siguiendo a la historiadora Nieves Concostrina), el presidente del gobierno de turno, Cánovas del Castillo, en este caso, del Partido Conservador propuso en el parlamento la necesidad de que el Estado debía intervenir para proteger a los trabajadores. La propuesta fue respondida agriamente por un destacado filósofo fundamentalista, ultraderechista y monárquico, Juan Manuel Ortiz, que cargó contra Cánovas del Castillo calificándolo de peligroso socialista, acusándolo de violar los principios de la justicia e intervenir el derecho de propiedad, ya que, si las personas trabajadoras se veían en la necesidad de mendigar era por designio divino, habida cuenta que la religión autoriza la mendicidad y ennoblece al mendigo, pues mendigar, remataba, fomenta el espíritu cristiano. Otro, que tal bailaba, era el diputado liberal Alberto Bosch que se opuso frontalmente a la limitación de la jornada laboral de mujeres y niños. Sin despeinarse afirmó que limitar el trabajo del niño era entorpecer la educación tecnológica y el aprendizaje y limitar el trabajo de las mujeres era impedir que la madre realizara el más hermoso e indispensable de los sacrificios, cual era, mantener el hogar de la familia.
Si trasladamos aquellos discursos a la actualidad, podemos comprobar que siguen intactos en el empresariado español que representa Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que vaticina que España reventará si el salario mínimo sube 80 euros al mes. O, el empresario Juan Roig (Mercadona), que no tuvo reparo en enviar a sus trabajadores a repartir en plena DANA, importándole un bledo la vida de las mismos. En el mismo sentido, el político del partido popular, Carlos Mazón (president de la Generalitat de Valencia), al que no se le conoce ni arte ni beneficio, envió un mensaje tranquilizador afirmando que la tormenta iba para Soria, lo que, sin duda, beneficiaba a los empresarios, especialmente, a los de turismo y obligaba a los trabajadores acudir a los centros de trabajo, cuando la riada ya estaba arrasando varios municipios de Valencia. Ahora, para la reconstrucción, adjudica a dedo contratos millonarios a empresarios ligados a la Gürtel, lo que es coherente con el principio cleptómano capitalista de aprovechar la desgracia para hacer negocio.
Esa filosofía del siglo XIX de la derecha española de que el pobre es pobre porque quiere, sigue vigente en el siglo XXI y es la razón por la que cree tener el derecho a sacar el máximo provecho.
Otro vivo ejemplo lo tenemos en Andalucía, donde gobierna Juanma Moreno desde 2019, donde la pobreza ha tenido un incremento significativo y persistente desde esa fecha. Así, según datos recientes (EAPN-A), el 38,7% de la población andaluza está en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que equivale a aproximadamente a 3,27 millones de personas. Además, casi un 16% de las personas andaluzas viven en hogares con una tasa de pobreza severa. En 2021, el riesgo de pobreza o exclusión social se incrementó un 1,8% respecto al año anterior. Esto significa que aproximadamente 157.294 personas andaluzas más estaban en riesgo de pobreza en 2021 que en 2020. En 2023 la pobreza afectaba de manera desproporcionada a las mujeres y a los hogares con menores dependientes. En 2024, la situación de pobreza ha crecido un 1,6 % respecto a 2023 y, el 11,9% de la población andaluza enfrenta una carencia material y social severa, con un nivel de desempleo del 16, 06%.
La pobreza en Andalucía es el sinónimo de la silla. Es el escenario idóneo para el patrón económico que defiende el partido popular, en el que el modelo de empresa que defiende obtiene el mayor beneficio a costa de la necesidad.
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