El presidente del Gobierno de España no ha resuelto la ecuación planteada por una parte de la judicatura que está en el convencimiento de que tiene un halo de impunidad, aun cuando tramitan causas judiciales con pruebas falsas (todas las abiertas a Podemos y sus dirigentes) o aplicando el derecho penal de autor (casos Alberto Rodríguez, Mónica Oltra, Isa Serra, independentistas, los 6 de Zaragoza, los 6 de La Suiza…), o iniciando investigaciones penales prospectivas (caso Begoña Gómez).
De cómo se ha llegado a ese resultado nos viene dado por el pacto de 1978, que dejó incólume a la cúpula judicial tardo franquista. Así, por poner un ejemplo, el Tribunal de Orden Público, de un día para otro, se transformó en la 'Audiencia Nacional', a la que se le adjudicaron competencias 'especializadas', o jueces de aquel Tribunal represivo pasaron a formar parte del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Es lo que se conoce como 'régimen del 78', que incluye el vergonzoso 'pacto de silencio' de la Transición que mandó al olvido los crímenes del franquismo, manteniendo en niveles clave del Estado a personal funcionario que había participado en los aparatos judiciales represivos de la dictadura militar.
Lo anterior, ha permitido, ya en democracia, que el tardofranquismo político, judicial, económico - mediático, con su batallón de falsos periodistas, siga actuando bajo la fórmula conocida como lawfare, con el propósito de 'matar' civilmente al adversario político, al que consideran enemigo, para así preservar su status quo. Lo cruel de la situación es que han contado con la complicidad de la progresía mediática, también del PSOE y de Sumar, que quisieron beneficiarse electoralmente, lo que les ha valido mientras eran otras las organizaciones y personas perseguidas.
La cuestión es que no se esperaban, sobre todo la cúpula socialdemócrata, muy ingenua, por cierto, que el mismo régimen que crearon y del que son columna principal, iniciara una cacería judicial contra Pedro Sánchez a través de su compañera, Begoña Gómez. Así y, tras cinco de días de reflexión, anunció una batería de medidas de regeneración democrática que no han resultado ser más que un teatrillo y que ha tenido como colofón el pávido pacto de renovación (claudicación) del CGPJ que, lejos de calmar las aguas y, como era de esperar, el tardofranquista Partido Popular, una organización política corrupta por naturaleza, ha dado una vuelta de tuerca más, ordenando “que, el que pueda hacer que haga”.
Y, en eso, ha aparecido la causa prospectiva abierta por el señor juez Peinado, titular de un juzgado de instrucción madrileño (¡cómo no!) en base a unos recortes de noticias falsas fabricadas por tabloides y/o seudos medios, a pesar de que dos informes de la UCO descartan cualquier indicio de delito, pero, él sigue, a ver lo que pilla. Estando en eso, como parte de la operación orquestada, cita a Pedro Sánchez como testigo en la causa general abierta a su esposa, eso sí, desproveyéndolo del cargo que ocupa, lo que no deja de ser una aberración procesal pues, si es citado como particular para ser interrogado no puede serlo, obviamente, en la sede de la Presidencia del Gobierno de España. Todo esto ha estado acompañado por el silencio corporativo de las asociaciones de jueces y juezas, aunque su mutismo se justifica porque algunos de sus miembros iban a formar parte del renovado CGPJ, lo que evidencia su dependencia política.
El señor juez, para proceder en tal sentido, dictó una providencia con fundamento en puntos y párrafos de unos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC, 412. 2. 12 y 413 párrafo 12), que no existen. Y, es llegado a este punto cuando el Presidente del Gobierno no realizó las operaciones completas para dar solución a la citada ecuación. Por un lado, aceptó prestar declaración en la sede del Gobierno de España, dando así carta de naturaleza a la retorcida interpretación de la LEC, facilitando la finalidad perseguida de entrar en el Palacio de la Moncloa para grabar un interrogatorio, lo que ha supuesto, de hecho, un golpe a la democracia española y la consiguiente desestabilización del Gobierno de España.
Por otro lado, Pedro Sánchez, como particular, tendría que haber ido a la sede del juzgado en cuestión el mismo día de la citación y allí personarse ante al señor juez o esperar a que regresara del Palacio de la Moncloa y como aquí hizo acogerse a su derecho a no declarar, sin perjuicio de iniciar las acciones legales contra el señor juez que mejor correspondieran a su derecho, como sí ha hecho.
Seguidamente, para resolver definitivamente, debió dejar sin efecto el acuerdo de renovación del CGPJ, sustituyéndolo por otro sustentado en la mayoría democrática de la investidura y, asumiendo, incluso, el hecho posible, de que se de otro descarrío jurídico como el de ser imputado, lo que, en este caso y en buena lógica política, no equivaldría a su dimisión.
Pero, pretender hacer frente a tamaña burrada dirigida contra la democracia española y mantener los pactos con el tardo franquista PP, no es posible, llanamente, porque soplar y sorber, no puede ser.
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