La laxitud del concepto "retribución por dedicación exclusiva" en muchas administraciones públicas lleva a casos tan paradigmáticos como el del alcalde de El Puerto y portavoz del PP en el grupo popular de la Diputación de Cádiz. Esta semana no solo ha sido reprendido públicamente por el presidente de la institución provincial, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, sino que este ha ordenado la apertura de un expediente para analizar si pueden tener consecuencias legales las faltas y ausencias reiteradas e injustificadas a las sesiones plenarias de la Diputación.
Su respuesta en clave de elecciones municipales y sin dar muchas más explicaciones a esa falta de justificación en sus ausencias no resulta demasiado convincente para alguien que acumula la doble responsabilidad de regidor de su municipio y representante provincial de los 45 municipios de la provincia. Y que cobra generosamente por la segunda.