Recientemente, el parlamento andaluz, a propuesta del partido popular, ha aprobado el decreto ley 1/25 que establece una serie de medidas como solución a la crisis de la vivienda que padece Andalucía. Se ampara en la urgencia social para justificar medidas que, lejos de garantizar derechos básicos, priorizan intereses especulativos y profundizan las dinámicas de desigualdad en el acceso a la vivienda que, utilizando un discurso de emergencia, favorece la opacidad, el pelotazo urbanístico y desatiende las necesidades reales de la población.
El decreto flexibiliza los requisitos para reclasificar suelo dotacional (destinado a equipamientos públicos como centros deportivos, colegios o zonas verdes) y agiliza trámites de aprobación de proyectos, eliminando controles esenciales. Para “agilizar” los trámites, debilita, por ni decir, elimina, la participación ciudadana en la modificación de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), limitando, así mismo, las evaluaciones ambientales independientes, lo que, en la práctica debilita la transparencia y facilita la adjudicación discrecional de terrenos. Esta opacidad genera un caldo de cultivo para prácticas corruptas, alimentando redes clientelares a través de la venta de favores a promotores amigos o la recalificación arbitraria de suelos en manos de actores privados con conexiones políticas.
Además, el decreto ley no establece mecanismos claros para garantizar la publicidad de acuerdos ni la rendición de cuentas, incumpliendo principios básicos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), priorizando de esta manera la construcción acelerada de viviendas sin vincularla a la Vivienda de Protección Pública (VPP). Al permitir que el suelo dotacional reclasificado se destine a proyectos residenciales sin reservas mínimas de vivienda asequible, se incentiva el pelotazo, por ejemplo, promotores teniendo información privilegiada antes de la publicación del decreto Ley compran suelo dotacional barato (originalmente público), lo revalorizan con recalificaciones exprés y construyen viviendas de lujo o turísticas, marginando a las familias trabajadoras o con bajos ingresos.
Ejemplo de ello es la ausencia de topes a los precios de venta o alquiler en los proyectos acogidos al decreto ley. Tampoco se exige la redistribución equitativa de beneficios: mientras las administraciones ceden suelo público, las plusvalías terminan en manos privadas. Este modelo reproduce el esquema de la burbuja inmobiliaria de 2008, donde la especulación desplazó el derecho a la vivienda.
Aunque el decreto ley se anuncia como un “plan de choque”, carece de herramientas efectivas para aumentar el parque de vivienda social. Según datos del Observatorio Ciudadano de la Vivienda de Andalucía, solo el 12% de los proyectos aprobados bajo medidas similares entre 2020-2023 fueron VPP. El resto correspondió a vivienda libre, inalcanzable para perfiles de economía vulnerables. Además, el decreto ley ignora alternativas de bajo coste y alto impacto, como, rehabilitar viviendas vacías (Andalucía tiene más de 200.000, según el INE); expropiar temporalmente viviendas de fondos buitre para alquiler social o regular precios en zonas tensionadas, medida vetada en el decreto ley. La falta de ambición revela que la “urgencia” no es social, sino una excusa para transferir recursos públicos al sector inmobiliario.
Al permitir edificar en suelo originalmente destinado a equipamientos, el decreto agrava los déficits crónicos en educación, salud y zonas verdes, especialmente en barrios de familias trabajadoras, lugares que podrían perder un 30% de sus áreas deportivas por reclasificaciones. Tampoco se contemplan estudios de impacto territorial rigurosos, lo que podría acelerar la saturación de infraestructuras (transporte, agua) y la destrucción de espacios naturales, incumpliendo directivas europeas de sostenibilidad.
El decreto ley no es una solución a la emergencia habitacional, sino un instrumento que consolida un modelo urbanístico extractivo. En lugar de priorizar el bien común, entrega suelo público a actores privados, socava la planificación democrática y perpetúa la exclusión residencial. La vivienda es un derecho, no un negocio. Y este decreto ley, lamentablemente, ha elegido el lado equivocado de la realidad social de Andalucía.